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La vicepresidenta Teresa Ribera se remite al Acuerdo de Asociación con las ayudas del 20% a empresas de Soria, Cuenca y Teruel La vicepresidenta Teresa Ribera se remite al Acuerdo de Asociación con las ayudas del 20% a empresas de Soria, Cuenca y Teruel
A la izquierda la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, contestando a la pregunta de Manuel Blasco (dcha.)

La vicepresidenta Teresa Ribera se remite al Acuerdo de Asociación con las ayudas del 20% a empresas de Soria, Cuenca y Teruel

La ministra no concreta al senador del PP Manuel Blasco cómo se van a legislar
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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se remitió al Acuerdo de Asociación que tendrá que suscribir España con la Unión Europea para el periodo 2022-2027, cuando el senador del PP, Manuel Blasco, le preguntó en el pleno del Senado por las actuaciones que el Ejecutivo ha llevado a cabo para hacer posible la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial, de hasta un 20% de los costes laborales, autorizadas por la Comisión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Ribera no concretó al senador turolense del PP qué mecanismo iba a emplear el Gobierno para recoger esas ayudas en el marco jurídico español, pero incidió en que las mismas forman parte de la estrategia del actual Ejecutivo para hacer frente al reto demográfico, junto a otras que vienen recogidas en los Presupuestos Generales del Estado a través de los distintos ministerios y que cifró en más de 4.200 millones de euros para el próximo año.

Blasco hizo la pregunta en la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta celebrada el martes, después de que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 se haya incluido una disposición adicional con el compromiso del Ejecutivo de trabajar en esas ayudas, autorizadas por la Comisión Europea en abril de este año y que se deben adaptar a la legislación española y ser ratificadas de nuevo por Bruselas por tratarse de ayudas de Estado que no pueden entrar en conflicto con la libre competencia.

Esas ayudas pueden suponer una bonificación de hasta el 20% de los costes laborales para las empresas que operan o que se vayan a instalar en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, autorizadas por Bruselas dentro de las nuevas directrices de ayudas regionales tras las alegaciones presentadas tanto por los gobiernos de Aragón y las dos Castillas,  como por las organizaciones empresariales de las tres provincias a través de la SSPA.

La vicepresidenta tercera dijo en una primera contestación muy escueta que el Gobierno de Sánchez, a diferencia de lo que se había hecho en situaciones anteriores, “nos hemos tomado esto en serio en todos los frentes”, en referencia al reto demográfico y la lucha contra la despoblación.

Ribera precisó que también tenían en cuenta “hacer una valoración de cómo poder aplicar de la mejor manera posible todos los recursos y oportunidades que nos ofrece el marco europeo, no solamente para solventar y apoyar el empleo actual, sino también para incentivar a través de las desgravaciones, de tratamiento fiscal y de cuotas a la seguridad social positivas, nuevos emprendimientos en estas provincias”.

Blasco en su réplica le pidió más concreción y le recordó que hace un año la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que sí a estas ayudas a raíz de una interpelación que le hizo el senador de Teruel Existe, Joaquín Egea. “Le contestó con un rotundamente sí y se quedó tan fresca, pero luego, si te he visto no me acuerdo”, criticó el senador popular, porque en 2021 las empresas de las tres provincias no han podido acogerse a esas ayudas a pesar de estar autorizadas desde abril por la Comisión Europea.

El parlamentario del PP recordó además que con anterioridad los senadores aragoneses de esta formación habían preguntado al Gobierno sobre la creación de un mecanismo estable de financiación de las zonas y provincias despobladas de España, y la contestación había sido echar “balones fuera”. Indicó en este sentido que el Gobierno les había dicho que “el IVA y el IRPF son estatales y no se tocan”, y que lo demás era “un problema de las comunidades autónomas y de los ayuntamiento que sí que pueden hacer bonificaciones”. Insistió por ello ante la vicepresidenta a que confirmase si las empresas de estas tres provincias podrían acogerse a estas ayudas o si “el Gobierno va a seguir dando una larga cambiada”, utilizando un símil taurino de cuando se burla a los toros con un pase de capote.

Medidas “con impacto”

La vicepresidenta, en su dúplica, reiteró el “compromiso” del Ejecutivo con la agenda del reto demográfico, que aseguró que “se cuantifica y se explicita en hechos concretos, empezando por esos 4.200 millones de euros” para medidas “con impacto” en la llamada España despoblada, aquella que tiene “problemas de población y envejecimiento porque ha ido languideciendo y está llena de ganas de salir adelante”.

Ribera reconoció que tenían el visto bueno de Europa para poner en marcha esas ayudas al funcionamiento empresarial durante el periodo 2022-2027, y que por ese motivo habían introducido la disposición adicional 115 en los PGE, “que espero que ustedes respalden positivamente con el respaldo a los Presupuestos Generales del Estado”.

Añadió que “con los presupuestos aprobados creo que tenemos que ser muy inteligentes en la combinación de ayudas orientadas a reducir los costes laborales, pero también en las ayudas destinadas a facilitar nuevos puestos de trabajo en estas provincias”, tal como reclaman los habitantes de estas provincias y sus instituciones.

“Creo que hay suficiente consenso en esta cámara para trabajar en esa dirección en el marco de ese Acuerdo de Asociación España-Unión Europea sobre la base de la cohesión social y territorial”, dijo la vicepresidenta, para insistir en que junto a eso “nos vamos a encontrar todo el paquete de medidas que incluyen esas referencias a políticas específicas hasta 4.200 millones”. Añadió que sería “bienvenida” también la aportación y contribución de las comunidades autónomas afectadas.

El Acuerdo de Asociación España-Unión Europea es el documento que cada Estado miembro debe elaborar para cada nuevo periodo, en el que se fija la estrategia del país para aplicar las ayudas de finalidad regional, en este caso para el periodo 2022-2027. Dicho documento debe aprobarlo la Comisión Europea tras una evaluación y negociación con el Estado miembro en cuestión.

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