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Las ayudas de funcionamiento para Teruel, Soria y Cuenca, pendientes de concretar el marco legislativo Las ayudas de funcionamiento para Teruel, Soria y Cuenca, pendientes de concretar el marco legislativo
Polígono industrial La Paz de Teruel

Las ayudas de funcionamiento para Teruel, Soria y Cuenca, pendientes de concretar el marco legislativo

Mientras no se apruebe un Real Decreto-ley específico y Europa le dé el visto bueno no podrán aplicarse

Las ayudas de funcionamiento a las empresas que autorizó en abril la Comisión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria están pendientes de que se regule el marco legislativo para poder aplicarlas, y a la vista de las últimas manifestaciones hechas en las Cortes Generales por miembros del Gobierno, no se han dado todavía los pasos adecuados para hacerlo, más allá del compromiso recogido en una disposición adicional del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Son las comunidades autónomas de estas provincias, con Aragón tirando del carro, las que están dando las claves al Ejecutivo central para que puedan ser realidad un tipo de bonificaciones nunca aplicadas en España y que en Europa solo existe el precedente de los países nórdicos.

Mientras no se apruebe un Real Decreto-ley específico que las regule, y la Comisión Europea convalide que el marco jurídico establecido se ajusta a las nuevas Directrices de la UE sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, estas ayudas al funcionamiento, las de hasta el 20% de los costes laborales, no serán más que una posibilidad pendiente de materializarse.

Las ayudas al funcionamiento se han convertido en el tema recurrente dentro del debate político tras haber pasado seis meses desde su autorización por la Comisión Europea, y sin que en principio el Estado español, que es quien debe darlas, haya dado pasos concretos para su aplicación más allá del compromiso de hacerlo, que ha plasmado también en el proyecto de Presupuestos pero sin haber aclarado todavía la fórmula para hacerlo, que es lo que urge ahora para que se puedan aplicar lo antes posible. Esperar que lleguen a partir del uno de enero es imposible salvo que alguien en la Administración central se ponga las pilas, algo poco probable en la pesada maquinaria del Estado que se mueve por la inercia, y que la Comisión Europea lo validase con la misma rapidez.

Estas ayudas son nuevas, nunca se han dado en España y solo se tiene como referencia su aplicación reciente en los países nórdicos, que es lo que activó precisamente tanto al Gobierno de Aragón, que a su vez arrastró a Castilla-La Mancha y Castilla y León, como a la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europea, que impulsan las organizaciones empresariales de las tres provincias beneficiadas. Han sido estas instituciones y entidades las que han empujado en los últimos años y han llevado a Europa las alegaciones para conseguirlo, pero mientras el Estado español no espabile, no habrá forma de que puedan aplicarse, ya que ahora lo que hay que hacer, y eso corresponde al Gobierno central, es establecer el marco normativo para poder recibirlas.

En las últimas semanas el asunto ha sido planteado en las Cortes Generales hasta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en dos ocasiones a las ministras de Hacienda y del Reto Demográfico. Ninguno ha concretado nada específico, más allá de reiterar el compromiso, y de plasmar esa voluntad en el proyecto de Presupuestos, pero sin capacidad normativa, que es lo que hace falta ahora.

Ayudas de Estado

Estas ayudas son de Estado, es decir, que las tiene que dar el Gobierno de España. No llega ningún dinero de Europa, pero en aras de salvaguardar la libre competencia, deben ser autorizadas por la Comisión Europea. Eso es lo que se ha hecho con la aprobación de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.

Una vez autorizadas, el Gobierno debe fijar el marco legal para aplicarlas, es decir, establecer cómo y quiénes pueden acogerse a ellas, y la fórmula es la aprobación de un Real Decreto-ley, porque la vía de incorporar su regulación en los PGE, a la vista del estado de su tramitación, parece ya del todo punto imposible y esperar a los presupuestos de 2023 sería inaceptable.

El Gobierno de Aragón está tirando del carro con sus homólogos de las dos Castillas y han entregado al Ejecutivo central un informe elaborado por el prestigioso despacho de abogados Garrigues, donde se explica qué debe hacerse a partir de ahora para establecer el marco normativo que permita dar ya estas ayudas.

En la disposición adicional centésima décima quinta de los PGE de 2022 sobre ayudas a las provincias escasamente pobladas se expresa la voluntad de aplicarlas, pero no se regula, puesto que indica que el Gobierno “establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayudas existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”.

Pero el Ejecutivo no ha pasado de esa declaración de intenciones a la vista de lo manifestado en las Cortes Generales tanto por el presidente Pedro Sánchez como por las ministras de Hacienda y la de Transición Ecológica en las interpelaciones que en las últimas semanas les han hecho Teruel Existe y el PP.

El presidente del Gobierno aseguró en el Congreso que la disposición adicional es “lo que tenemos que desarrollar”, con lo cual no se ha desarrollado nada todavía, y las manifestaciones de María Jesús Montero en el último pleno de la Cámara Baja lo ratifican.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en una reunión telemática sobre las ayudas a mediados del mes de octubre

Sin concreción

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera,  fue la primera en manifestarse en el Senado sobre esta cuestión el 19 de octubre. Expresó de nuevo el compromiso, pero no concretó cómo se iban a legislar las ayudas, remitiéndose al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que es donde debe figurar el mapa de ayudas regionales de España.

En el último pleno del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a poner de manifiesto el pasado miércoles que por ahora hay total compromiso, pero a la vez una completa inconcreción sobre cómo se van a aplicar. Incluso metió de por medio a las comunidades autónomas despertando dudas sobre qué quería decir al implicar también a los gobiernos autonómicos en este tipo de ayudas de Estado.

En concreto, la ministra dijo que la intención era ponerlas en marcha “en el menor plazo de tiempo posible, sabiendo que tenemos que hacer una distribución entre las distintas administraciones que actúan en el territorio para que no vayamos a redoblarlas o no vayamos a no coordinar las actuaciones que se dirigen en este sentido”.

Dentro de la complejidad que entraña cualquier normativa para adecuarla a unas directrices europeas, regular estas ayudas es tan sencillo como aprobar un Real Decreto-ley, que es lo que plantea el informe de Garrigues encargado por las tres comunidades autónomas y al que ha tenido acceso este periódico.

El informe es clarísimo hasta para el más lego en la materia, y concluye diciendo que se podría optar “por la elaboración de un Real Decreto-ley específico para la regulación de estas ayudas, en atención a la extraordinaria y urgente necesidad, o bien incluirla en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, mediante una disposición que modifique la Ley General de la Seguridad Social incluyendo la regulación de las ayudas”.

La disposición que se ha incluido en el proyecto presupuestario no responde a esto último, ya que solo muestra el compromiso de aprovechar al máximo lo contemplado en las directrices de ayudas regionales aprobadas por la Comisión Europea, y lo que hay que hacer es elaborar el marco jurídico.

Informe de Garrigues

El informe de Garrigues indica en este sentido que “la regulación de las ayudas regionales de funcionamiento que se propone debería desarrollar el régimen normativo de las ayudas, regulando el objeto; el ámbito de aplicación; las exclusiones; los requisitos de los beneficiarios; la concurrencia con otras ayudas y medidas de apoyo público y cuantía máxima de las ayudas; la aplicación, control y mantenimiento de las ayudas; la devolución de las ayudas en caso de incumplimiento de los requisitos y la financiación, todo ello conforme a los límites y obligaciones establecidos por las normas europeas de ayudas de Estado”.

Propone a continuación la fórmula más adecuada, con todo lujo de detalles y aclaraciones, para que se dieran las ayudas aplicando una bonificación del 20% a las cotizaciones por contigencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los autónomos.

Ese 20%, que no figura en las directrices de la Comisión Europea aprobadas en abril, viene recogido en cambio en el Reglamento General de Exención por Categorías que lo regula, en cuyo artículo 15.3 pone que “en zonas muy poco pobladas los regímenes de ayudas regionales de funcionamiento de finalidad regional deberán evitar o reducir la despoblación en las siguientes condiciones: a) que los beneficiarios tengan su actividad económica en la zona de que se trate; b) que el importe anual de las ayudas por beneficiario al amparo de todos los regímenes de ayudas de funcionamiento no sea superior al 20% de los costes laborales anuales en que incurra el beneficiario en la zona en cuestión”.

La forma más operativa

El informe de Garrigues argumenta que “la forma más ágil y operativa de articular las ayudas de funcionamiento sobre los costesde personal es mediante la aplicación de beneficios sobre cotizaciones a la Seguridad Social”, en concreto a las aportaciones empresariales a las cuotas de este organismo por contigencias comunes.

Incide en que es el “sistema más operativo y sencillo de aplicar”, porque eso permitirá un “control más sencillo del límite de las ayudas”. Es el mismo modelo del sistema aplicado en Noruega, que es hacia donde el Gobierno de España debería haber mirado desde el mes de abril para agilizar estas ayudas.

Al menos, los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han estado al quite y se lo han dado todo hecho y masticado al Ejecutivo central con el informe que le han entregado. El Estado ahora solo tendría que aplicarse en la tarea, salir de la inercia y sacar ese Real Decreto-ley sin que los representantes del Gobierno sigan dándole vueltas en sus intervenciones a algo que en realidad no es tan complicado de hacer. El futuro de tres provincias, que además de habérselo currado llevan tiempo esperando soluciones definitivas, depende de ello.

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