Los empresarios intentarán reunirse con la ministra de Hacienda por las ayudas del 20%

El PSOE de Teruel se comprometió este lunes con las organizaciones empresariales turolenses a gestionar una reunión de sus representantes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar sobre las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Comisión Europea, que la patronal reclama que se apliquen en su máxima intensidad del 20% de los costes laborales, cuando ahora apenas llegan al 1,5%. Fue uno de los resultados de la jornada reivindicativa organizada por CEOE, Cepyme Teruel, Cámara de Comercio y CEAT, que incluyó una mesa de debate en el Casino entre los presidentes de estas organizaciones y los representantes de los principales partidos políticos, así como una concentración a mediodía en la plaza San Juan a la que asistieron alrededor de 300 personas.

La iniciativa, que fue precedida semanas atrás por dos desayunos empresariales en Alcañiz y Calamocha, buscaba llamar la atención sobre la urgencia de que estas ayudas, autorizadas por la Comisión Europea en 2021 y aplicadas desde 2023 pero muy por debajo de lo permitido, se empiecen a aplicar en la máxima cantidad autorizada por Bruselas, que es el equivalente al 20% de los costes laborales.

Al término de la jornada reivindicativa, el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, admitió que le hubiera gustado poder contar con más asistencia de empresarios, aunque reconoció que no era el día más apropiado para hacerlo ni la hora. Indicó que van a seguir trabajando para reivindicar la aplicación al máximo de estas ayudas, y que el nuevo coordinador de la Red de Áreas Escasamente Pobladas de Europa, Mario Vega, está ya en Bruselas para intentar “mover esto en Europa”.

Aclaró que esta movilización era el “principio de un gran final” porque “nunca nos vamos a dar por vencidos”, ya que ese es el “verdadero espíritu empresarial” y van a seguir peleándolo. Sobre el desarrollo del debate con las distintas fuerzas políticas cuyos representantes asistieron (PP, PSOE, Teruel Existe, Vox, PAR y CHA), Ciércoles insistió en que las ayudas al funcionamiento son “la mejor herramienta a día de hoy y durante toda la democracia” para dotar de mayor competitividad a la provincia.

Al término del acto, el presidente de la patronal reclamó “voluntad política” y abogó por un pacto entre todas las formaciones con el compromiso de impulsarlas. Como conclusión, valoró que todos los partidos se hubiesen comprometido a trabajar por las ayudas al funcionamiento.

Más inconformista se mostró el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, que en el debate con los partidos también fue el que con más vehemencia reclamó al representante socialista que urgía incrementar las ayudas a su máximo porque el tiempo apremiaba y no se podía esperar.

Santa Isabel dijo que hoy mismo enviarán la carta al PSOE para gestionar la entrevista con la ministra de Hacienda. Lamentó que el representante socialista no hubiese sido capaz de decir hasta qué intensidad de incremento de las ayudas pensaban apoyar. Reclamó concreción, y por eso quieren reunirse con la ministra, porque “no podemos engañar a los empresarios ni a la provincia de Teruel”. Opinó que los políticos se habían “retratado” en el acto y que iban a seguir reivindicando ese 20% “gobierne quien gobierne”.

Ausencia de voluntad política

Jesús Blasco, presidente de Cepyme, aseguró que no se están aplicando en su máxima intensidad porque hay “ausencia de voluntad política”, como evidenció el PSOE durante su intervención. Aclaró que estas ayudas no son un regalo, sino algo que aprobó Europa. Incidió en que es una medida autorizada a territorios que se han visto perjudicados por anteriores decisiones del Estado, y que tienen que ser resarcidos por ese “abandono”. En el acto también intervino la vicepresidenta de CEAT Teruel, Charo Guillén, que puso énfasis en la necesidad de permitir a los autónomos competir en igualdad de condiciones, algo que no está sucediendo.

El debate previo a la concentración celebrado en el Casino de Teruel puso de manifiesto las ideas contrapuestas sobre este asunto entre los distintos partidos, en función de que estén en la oposición o en el gobierno, además de servir al PSOE para plantear las dificultades que a su juicio entraña la aplicación de la directriz que las permite dar por su complejidad, y los problemas surgidos en otros lugares de Europa para hacerlo porque están condicionadas a la libre competencia.

A la vista de las explicaciones dadas por los socialistas, estas ayudas tampoco se pueden aplicar en su máxima intensidad porque supondría romper las reglas del mercado y afectaría a la libre competencia. A eso se debería la baja intensidad con que se están aplicando, y con un reparto que atiende a la territorialización, beneficiándose más las empresas de los municipios de menos de mil habitantes, según explicó el socialista Rafael Guía.

No hubo unanimidad a la hora de recabar un apoyo de todos los partidos a la maximización de las ayudas, ya que el PSOE se desmarcó con el argumento de que se podrán incrementar hasta donde sea posible, pero no al máximo. Los socialistas tampoco asistieron después a la concentración en la plaza San Juan, que reunió a muy poca gente, alrededor de unas 300 personas tirando por lo alto.

El presidente de la Federación Vecinal, Pepe Polo, entidad que apoyaba la movilización, manifestó que hacía falta recuperar el espíritu reivindicativo de hace 25 años por parte de toda la sociedad, cuando se hizo un paro ciudadano. “Nos gustaría que ese paro fuese reeditado”, dijo Polo, como un revulsivo para hacer presión política.

Lanzó esta idea porque es necesario, dijo, “implicar a la ciudadanía”, ya que con las ayudas al funcionamiento “estamos ante una oportunidad histórica”, puesto que supondría tanto un plus para las empresas que ya están asentadas como para atraer nuevos proyectos empresariales. La finalidad de esta medida europea es dotar de mayor competitividad al territorio.

La concentración de este lunes no fue reflejo de aquel espíritu reivindicativo de principios de siglo. De entrada, la hora, a las 12 del mediodía, no era la más apropiada ni las organizaciones empresariales las más preparadas para movilizar ya no solo a la población sino a los empresarios, que apenas acudieron.

La mayoría de los participantes fueron cargos públicos de partidos políticos, como el PP, o el movimiento ciudadano Teruel Existe, que desde que estuvo en el Congreso ha hecho bandera con este asunto y lo incluyó en el acuerdo de investidura suscrito en 2020 con el PSOE en la pasada legislatura.

Entre los asistentes estuvo el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, así como la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que como presidente del PP en la provincia fue quien intervino en el debate con la patronal y el resto de partidos. Manuel Blasco, en declaraciones a la prensa tras la concentración, dijo que se estaba “perdiendo una gran oportunidad” porque a pesar de poder aprovecharse un 20%, solo se está aplicando en apenas un 1%. Insistió en que es una “ocasión histórica”, quedan dos años para 2027 y “entre todos hay que exigir al Gobierno de España” esa maximización, puesto que el objetivo de las ayudas es dotar de una ventaja competitiva al territorio.

Por Teruel Existe estuvieron sus diputados autonómicos Tomás Guitarte y Pilar Buj, además de la vicepresidenta primera de la DPT, Beatriz Martín, entre otros. También asistieron, al igual que participaron en el debate, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, el presidente del PAR y diputado autonómico, Alberto Izquierdo, y el secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó.

Con muy poca presencia de empresarios, más allá de los representantes de las organizaciones empresariales convocantes, el debate en el Casino de Teruel solo aportó como novedad el compromiso del secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, de gestionar una reunión para que la patronal se pueda reunir con la ministra de Hacienda.

Lo pidió el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, a raíz de que el dirigente de Teruel Existe, Tomás Guitarte, argumentase que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no era el competente en esta materia sino el de Hacienda.

Las organizaciones empresariales de las tres provincias beneficiarias de este tipo de ayudas, Teruel, Cuenca y Soria, se reunieron por última vez con el Gobierno central para tratar este asunto en mayo del año pasado. Lo hicieron con la titular del Ministerio de Seguridad Social, por ser a través del cual se aplican estas ayudas mediante bonificaciones en las cotizaciones.

Desde entonces han pedido una nueva reunión porque había un compromiso de celebrarla, pero tras enviar cuatro cartas no han recibido respuesta. La concentración de este lunes la convocaron solo las patronales de Teruel en esta provincia, si bien tal como explicó su presidente, Juan Ciércoles, han recibido el apoyo de las otras dos por escrito.

El Ministerio responsable de estas ayudas es el de Hacienda, tal como explicó Tomás Guitarte. Lo que bonifica la Seguridad Social no se detrae de sus ingresos, sino que lo repone después Hacienda. De esta forma se facilita la llegada de las ayudas de una forma sencilla.

Competente

Es por eso que los empresarios turolenses demandaron este lunes esa reunión con la ministra de Hacienda para trasladarle a ella la petición de aplicar al máximo las ayudas, en lugar de seguir intentándolo con la de Seguridad Social. Y fue ahí cuando Santa Isabel pidió al representante socialista que les facilitasen el acceso a la ministra, a lo que Rafael Guía se comprometió a gestionar un encuentro con ella.

En el debate todos los partidos se comprometieron a la maximización de las ayudas, aunque el PSOE, que es el que actualmente tiene responsabilidades de gobierno en la Administración central, no concretó hasta qué intensidad.

El socialista Rafael Guía, en respuesta al presidente de la Cámara de Comercio cuando le reclamó concreción sobre si hay voluntad o no de subirlas al máximo porque “no tenemos tiempo”, en alusión a su revisión en 2027, comentó que estas ayudas se evalúan trimestralmente, además de hacerse ahora otra evaluación al cumplirse los tres años del inicio de su aplicación.

Guía indicó que la previsión es que las ayudas “tomarán un rumbo de incremento”, aunque matizó que tampoco se podía garantizar que fuesen a llegar hasta el 20%, pero que “la senda es de subirlas, seguro que sí”. Hizo este comentario tras incidir en que han sido ellos quienes las han puesto en marcha y que la provincia mediante esta fórmula se ha beneficiado en los primeros dos años y medio de 37 millones de euros. Eludió valorar si era mucho o poco, para precisar que “antes no había nada” y que había que ser “realista” y “prudente” en su aplicación e ir aumentándolas “poco a poco”.

El presidente provincial del PP, Joaquín Juste, manifestó que “no tiene sentido solicitar algo para luego no aplicarlo”, y advirtió del riesgo de perderlas a partir de 2027 porque no han surtido efecto debido a su mínima intensidad. Recordó que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se había comprometido hace tiempo en Teruel a aplicarlas si gobernaba, y que lo reiteró hace unos días en Zaragoza.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, incidió en que cuando ellos tuvieron representación en el Congreso hubo voluntad por parte del Gobierno de aplicarlas, y recordó el “rotundamente sí” de la ministra Montero, y que el enfrentamiento con el Gobierno de Aragón en aquel entonces bloqueó que prosperase la negociación política que estaba haciendo la agrupación de electores, porque estaba recogido en el acuerdo de investidura.

Alejandro Nolasco (Vox) abogó por aplicarlas en su máxima intensidad y argumentó que no se está haciendo porque se están dando los millones a “otras cosas” para mantener el gobierno de Sánchez.

Alberto Izquierdo (PAR) puso énfasis en que “no se van a aplicar” porque “los políticos aragoneses en Madrid no pintan nada”, e instó a los partidos a firmar un compromiso para aplicarlas y que obren en consecuencia si no se hace así. Javier Carbó (CHA) recordó que ya votaron con el PP a favor de este incremento en el Congreso y que han presentado una nueva iniciativa en la misma línea, e instó a que se apliquen pensando en el futuro de la provincia.

Diferentes puntos de vista

Todos los partidos apoyaron la aplicación de las ayudas al funcionamiento, aunque las discrepancias surgieron en cuanto a la intensidad, de ahí que el secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, pidiese “rigor” cuando se habla de las mismas.

La Comisión Europea autoriza hasta el 20% de los costes laborales, si bien se están aplicando distintas intensidades pero mediante bonificaciones sobre las contingencias comunes de la Seguridad Social, lo que supone entre un 1 y un 1,5% de los costes laborales. Tomás Guitarte (TE) dijo que aplicar el 20% a través de las aportaciones a la Seguridad Social supondría entre un 11 y un 12% de los costes laborales, y que para llegar al resto se podrían implicar más administraciones.

Pero Rafael Guía hizo la precisión de que la directriz que regula estas ayudas plantea su aplicación “en lo mínimo posible” e “imprescindible”. Reprochó además al PP que en 2017 dejara perder la oportunidad que surgió entonces. Explicó que la directriz pone la condición de que su aplicación sea sostenible y no perjudique al libre mercado ni a la defensa de la competencia.

 

Manifiesto del empresariado

Durante la concentración en la plaza San Juan, los empresarios exhibieron una pancarta con el lema Ayudas al funcionamiento: una oportunidad decisiva para el futuro de Teruel, y leyeron un manifiesto en el que recordaron que esta medida de la UE no es un privilegio sino un mecanismo para “garantizar la igualdad”.

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, fue el encargado de leer el manifiesto, en el que pidieron la aplicación hasta el 20% de las ayudas al funcionamiento sobre los costes laborales, tal como permite Europa a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria: “Estas ayudas no son un privilegio, sino un instrumento de justicia territorial, reconocido por la propia Unión Europea para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión entre regiones”.

Los empresarios argumentaron a través del manifiesto que estas ayudas permitirán “reforzar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial turolense”, así como “fomentar la creación y mantenimiento del empleo, especialmente en zonas rurales”.

También incidieron en que estas medidas permitirán “atraer inversión y fijar población, haciendo posible que vivir y trabajar en Teruel sea una opción viable”, e igualmente “reducir los costes laborales, impulsando la productividad de nuestras pymes y mejorando las condiciones de nuestros trabajadores”.

Reclamaron aplicar ese 20% de manera “estable, general y transparente, ya que los dos últimos años son determinantes”, puesto que si se aplican en esa intensidad antes de 2027, “será más fácil demostrar su efectividad ante Europa y renovarlas en el próximo periodo”.

Argumentaron que Teruel “no puede esperar más”, puesto que estas ayudas son una oportunidad para “mantener la actividad, el empleo y el futuro de nuestra tierra”. “Queremos vivir, trabajar y emprender en Teruel; Exigimos igualdad de condiciones para competir; Reclamamos la aplicación total de las ayudas al funcionamiento”, concluyó el manifiesto apelando a la “cohesión” y el “futuro”.