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Nace la Asociación Vecinal San Cristóbal para defender los intereses de Las Viñas Nace la Asociación Vecinal San Cristóbal para defender los intereses de Las Viñas
La Asociación de Vecinos San Cristóbal se presentó en una reunión mantenida este miércoles en el Centro Cultural San Julián

Nace la Asociación Vecinal San Cristóbal para defender los intereses de Las Viñas

Busca promover la participación entre los habitantes de esta zona de la ciudad
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El movimiento vecinal de las Viñas de San Cristóbal ha dado un paso decisivo con la constitución oficial de la Asociación de Vecinos San Cristóbal, una entidad sin ánimo de lucro creada para defender los intereses generales de los residentes, promover la participación ciudadana y mejorar el bienestar y la convivencia en esta zona de Teruel.

La iniciativa surge a raíz de la preocupación vecinal, y motivó la creación de un grupo de WhatsApp con más de 270 personas, ante la falta de información institucional en torno a la actividad desarrollada en el inmueble Casa de Espiritualidad Madre Rafols, propiedad de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y la noticia de su posible conversión en un centro de residencia temporal para familias desestructuradas o personas en acogida.

El pasado 3 de octubre, varios vecinos realizaron de forma personal una consulta ante el Ayuntamiento de Teruel para conocer los expedientes administrativos de licencias de obra y de actividad vinculadas a los distintos inmuebles del complejo. El Ayuntamiento informó que no existe ningún expediente de actividad en vigor, por lo que el centro carece de licencia de actividad, pese a que se publicita en Internet ofreciendo servicios de hospedaje, retiros espirituales, cursos y eventos.

Posteriormente, el día 14, los vecinos presentaron una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Teruel, en la que se solicita la adopción de las siguientes medidas: Que el Ayuntamiento de Teruel inicie la verificación pertinente para comprobar si efectivamente la actividad denunciada carece de la licencia obligatoria. En caso afirmativo, que se incoe expediente sancionador conforme a la legislación de Aragón y al régimen sancionador municipal aplicable. Que se acuerde la paralización de la actividad ilegal si ésta supone riesgo para la seguridad, la salud pública, el orden urbanístico, el medio ambiente u otros bienes jurídicos protegidos. Que se adopten las medidas correctoras necesarias, incluyendo la exigencia de obtención de la licencia correspondiente o la clausura del local si no se cumplen los requisitos legales.

Del mismo modo, el 15 de octubre, los vecinos que ahora forman la directiva ampliaron las denuncias ante el Gobierno de Aragón, fundamentándolas en las leyes de Prevención y Protección Ambiental de Aragón de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, las de Turismo y Urbanismo de Aragón y las ordenanzas municipales sobre licencias.

Este miércoles se celebró la segunda asamblea vecinal, con la asistencia de casi un centenar de vecinos, en la que se informó del estado de las denuncias presentadas y de las declaraciones de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. quien aseguró este lunes que el consistorio exigirá la correspondiente licencia de actividad para la continuidad de la actividad en el Centro Madre Rafols.

Durante la reunión, celebrada en el salón de actos del Centro Sociocultural San Julián, se comunicó oficialmente la creación de la Asociación de Vecinos San Cristóbal, con el fin de reforzar jurídicamente las denuncias y canalizar de forma organizada las demandas del vecindario.“Hemos creado esta asociación para que las denuncias tengan más fuerza y podamos defender juntos los intereses de nuestro barrio. Queremos que esta asociación sea un punto de encuentro y de diálogo, donde cada vecino pueda aportar sus ideas y preocupaciones para mejorar nuestro entorno, la seguridad y convivencia”, señaló el presidente, Miguel Ángel Gorbe.

Asimismo, los asistentes acordaron solicitar al Ayuntamiento de Teruel el mantenimiento de las actuales paradas de autobús en el barrio de Las Viñas, ya sea mediante los vehículos actuales o con unidades más pequeñas, al considerar este servicio esencial para las personas mayores y con movilidad reducida, que no disponen de transporte propio y dependen de este medio para sus desplazamientos cotidianos.

Además, se manifestó una creciente preocupación por la seguridad ciudadana tras la reciente oleada de robos.

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