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Proyecto de Forestalia: Viento Alto muestra su satisfacción y Paisajes de Teruel recurrirá en los juzgados al haber 70 molinos en la Red Natura 2000 Proyecto de Forestalia: Viento Alto muestra su satisfacción y Paisajes de Teruel recurrirá en los juzgados al haber 70 molinos en la Red Natura 2000
Numerosos molinos serán visibles desde la ermita del Cid en La Iglesuela. P. T.

Proyecto de Forestalia: Viento Alto muestra su satisfacción y Paisajes de Teruel recurrirá en los juzgados al haber 70 molinos en la Red Natura 2000

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Cruz Aguilar

La Asociación Viento Alto, integrada por los municipios sobre los que están proyectados los parques energéticos de Forestalia, ha recibido con “gran satisfacción” la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que es favorable a la puesta en marcha de 20 de los 22 parques eólicos en el Maestrazgo, un proyecto que consideran que mantendrá el territorio y es “fundamental para luchar contra la despoblación”, según argumentó el  presidente y alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont,

El responsable explicó que el hecho de que se vayan a instalar 125 molinos de los 161 previstos es “una muy buena noticia” y recordó que la puesta en marcha de los parques supondrá una inversión de 800 millones de euros y 1.300 puestos de trabajo durante su construcción, una cifra que, apuntó, casi iguala a la de la población de los nueve municipios que integran Viento Alto y que en conjunto apenas llegan a los 2.000 vecinos.. “Una vez terminado serán como poco 50 o 60 puestos de trabajo, para la comarca será la mayor empresa que habrá”, argumentó.

La eliminación de dos parques y un total de 36 aerogeneradores “estaba dentro de lo previsible”, argumentó Safont, quien señaló que están totalmente de acuerdo con la resolución: “Queremos cuidar nuestro entorno patrimonio y nuestro medio ambiente y cualquier parque que lo ponga en peligro debía de caer”, aseguró, para añadir que ellos mismos alegaron a Cabecero I, que es uno de los que se ha desestimado y que se ubica en el término de Fortanete. El segundo parque que el Miteco ha descartado es El Cid V, en Villarluengo. El responsable de Viento Alto recordó que la ubicación de los aerogeneradores fue elegida por ellos: “Dijimos dónde queríamos y dónde no, los pusimos nosotros”, aseguró.

Fernando Safont comentó que además de empleo e ingresos para los Ayuntamientos, la puesta en marcha de los parques energéticos tendrá una repercusión en la factura energética de los vecinos empadronados, que serán bonificados a través de sus consistorios por una cantidad equivalente al consumo.

Nueve pueblos

La Asociación Viento Alto la forman nueve pueblos de las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, que son Cantavieja, La Cuba, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel,  Puertomingalvo, Bordón, Villarluengo y Tronchón.

En sus inicios estaba Castellote, que se salió tras decidir su Ayuntamiento que no quería instalar aerogeneradores en su término municipal y desestimar un proyecto de Acciona, ya que Forestalia no lo había incluido en su Clúster. También se salió Mosqueruela, que sí forma parte de los planes de Forestalia aunque el Ayuntamiento decidió negociar por su cuenta sobre los tres parques que sí está de acuerdo en instalar en su término municipal.

Paisajes de Teruel

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel muestra su disconformidad con la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MIteco) con respecto a los parques eólicos y fotovoltaicos proyectados por Forestalia y anuncia que, una vez agotada la vía administrativa, recurrirá a la judicial, porque hay más de 70 aerogeneradores dentro de la Red Natura 2000 y con un fuerte impacto visual en poblaciones como Mosqueruela.

Indican que están dispuestos a plantear ante los juzgados la  legalidad del proyecto y el “cumplimiento de toda la legislación vigente por parte de este”, acudiendo a los tribunales y presentando un Contencioso “que ponga las leyes por encima de las urgencias y los intereses particulares”, detallan.

Alertan de que aunque la declaración elimina 36 molinos, siguen quedando 125 de los 161 iniciales y supondrá “colocar 507 torres de alta tensión, tender cientos de kilómetros de cables, abrir más de 300 kilómetros de pistas y destruir el perfil de esas montañas dejando seriamente afectado su paisaje”, enumeran a través de un comunicado.

La resolución revela, dicen desde la plataforma, que “algunos molinos se tendrán que parar o incluso desmantelar si se producen daños que se plantean como posibles, pasando por alto el principio básico de la cautela ambiental que se debe aplicar antes de que se produzcan dichos daños y que vela por que no tengan lugar y sus efectos sean irreversibles. Si algún águila perdicera, especie en peligro de extinción, falleciera en esos molinos como así se apunta en la resolución, sería irrecuperable”, lamentan. Pero la mayor duda es qué autoridad ambiental será la que dictamine el desmantelamiento de esos molinos, “cuando la experiencia demuestra que esto es muy improbable”, critican.

En su opinión, incluso cumpliendo los condicionantes, sería “una de las mayores agresiones medioambientales a la provincia de Teruel en los próximos años, aunque no la única, y un tren que nos conducirá más rápido a la despoblación, el abandono y la pérdida de valor del territorio”, vaticinan. En nota alertan de que llevará la calificación de área industrial a algunos de los parajes más naturales y bien conservados que existen en la provincia, motivo por el que recibieron la calificación de Red Natura 2000.

Cuestionan, además, el hecho de que “se haya publicado la noticia antes de que suceda”, dando por hecho la aprobación de un proyecto antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tal como marca el proceso administrativo, genera “susceptibilidades sobre su tramitación” dicen.

Aunque no detallan más, plantean que “es posible que esta evaluación se haya realizado de forma ilegítima y por entidades que no tienen la capacidad de hacerla,  pues las prisas por sacar proyectos han llevado a la subcontrata de empresas que no están capacitadas para estas funciones, no por no tener técnicos suficientes y válidos, sino por las capacidades legales que tienen los funcionarios públicos, que no pueden ser transferidas sin más”.

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