Transversalidad y unión política son las bases para lanzar medidas frente a la despoblación

La despoblación constituye un problema poliédrico que debe abordarse desde la transversalidad. Garantizar los servicios públicos y el acceso a la vivienda son dos de los pilares que hay que trabajar especialmente para avanzar en una carrera de fondo que debe contar con consenso político para solucionarla. Estas fueron algunas de las cuestiones de las que se habló este martes en el I Congreso Internacional que se celebra en Segura de los Baños.

Un total de 160 personas asisten a la ponencias que se están llevando a cabo en el Hotel Balneario de los Baños, junto al río Aguas Vivas, un nombre evocador para el mensaje en positivo que lanzaron buena parte de los ponentes y es que, aunque no hay soluciones mágicas, sí se puede avanzar siempre que remen todas las instituciones al unísono en el mantenimiento de los servicios y la dinamización de la economía.

El encargado de abrir el acto fue el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, quien incidió en que la despoblación es un “problema transversal” que exige una “apuesta clara de los gobiernos y de los territorios”. Dijo ser consciente de que “no se va a resolver nunca el tema, pero hay que intentar llevar adelante políticas que permitan a los ciudadanos elegir con libertad dónde vivir” porque cuentan con servicios de calidad y “la vocación y obligación” de las administraciones públicas debe ir en ese sentido.

Vida de calidad

López destacó en su discurso una cuestión que salió a relucir en prácticamente todos los debates de la jornada y es la necesidad de que haya colaboración interinstitucional para abordar un “problema complejo y poliédrico”, aseveró. Explicó que en el Gobierno de Aragón, todos los departamentos están implicados en la despoblación porque “es un concepto transversal y estructural al que hay que meterle mano todos los días”.

El consejero terminó su intervención con una reflexión citando al anterior presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, en la que aseguraba que “rellenar el vacío repoblando es una ensoñación cargada de nostalgia y condenada al fracaso, no se trata de que en los pueblos viva cada día más gente, se trata de que los que ya viven en los pueblos vivan cada vez mejor, con economías rentables y bien cuidados por los políticos de turno”, dijo.

Emil Boc, ex primer ministro de Rumanía y alcalde de Cluj-Napoca, incidió en la importancia de asegurar el derecho de los europeos de residir en el lugar que han nacido: “Nuestro objetivo es que nadie esté obligado a abandonar su región por motivos económicos”. Para lograr que se mantenga esa calidad de vida hay que contar con “una política cohesionada”, que es la herramienta básica para abordar el cambio demográfico. Apostó por un enfoque “no centrado en el ego, sino en el eco, porque la situación no llegará individualmente, dijo”.

El representante en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, Borja Giménez Larraz formuló la necesidad de incluir la dimensión demográfica en la nueva propuesta para el marco financiero plurianual 2028-2034 porque, expuso, no hacerlo, “traslada la responsabilidad a los gobiernos nacionales y regionales”, lo que “convierte el derecho europeo en algo dependiente de los territorios”.

Giménez Larraz recordó que existen desde Europa las ayudas al funcionamiento, una bonificación empresarial de hasta el 20% para dinamizar la actividad económica en territorios con graves desventajas territoriales pero que, lamentó, “el Gobierno de España sólo aplica un 1%, lo que “convierte un instrumento muy efectivo en un alivio simbólico que es complicado que genere efectos sobre las empresas”, dijo. Añadió que en la revisión de 2026 corren peligro estas ayudas porque se tendrá en cuenta la efectividad, que en el caso de España ha sido escasa.

La siguiente en intervenir fue la eurodiputada socialista Rosa Serrano, que también habló de las ayudas al funcionamiento, pero como ejemplo de herramienta para frenar la despoblación, sin entrar en el porcentaje aplicado. Por su parte, criticó a los dirigentes europeos porque, dijo, en el nuevo marco financiero que se va a establecer en Europa “corren peligro los Fondos de Cohesión y la Política Agraria Común, nuestra PAC”, dijo. Indicó que se habla de un recorte de entre el 20 y el 22% para el sector agrario: “Se pone en peligro la estabilidad del mundo rural, porque son los que nos alimentan y sostienen los pueblos”, comentó. Destacó que hay por delante “un largo periodo de negociación para revertir esta amenaza” y evitar la reducción. Se trata de una propuesta que calificó de “destructiva, supone un giro neoliberal que pone en peligro la agricultura, nuestra alimentación y las zonas rurales”, sentenció.

El secretario general para el Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya, incidió en la necesidad de desarrollar una estrategia y para ello están trabajando en un Observatorio de la equidad territorial que ofrecerá una foto real de la situación y permitirá “llevar a cabo operaciones quirúrgicas” específicas en cada una de las zonas rurales porque, como dijo, “el territorio no es un espacio en un mapa, sino que entraña mucha mayor complejidad”.

Datos optimistas

Francesc Boya se mostró optimista con respecto al futuro porque los datos muestran que “no es un problema que la política pública no pueda resolver”, pero destacó que hay que “persistir en el empeño”. El secretario general para el Reto Demográfico señaló que desde 2018 la renta neta en los pequeños municipios ha aumentado un 20%, frente a la media de España que creció un 15%. Añadió que ha aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social y que hay muchas mujeres que “vuelven al medio rural” y son “las que más emprenden en nuestros pueblos”. En cuanto a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, detalló que hoy “prácticamente triplican las que había en 2018”.

Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, la transversalidad debe ser la herramienta básica, pero además, hay que tener en cuenta que los tiempos para el reto demográfico son largos, “aquí se siembra para que otro gobierno, seguramente de distinto color político, sea el que recoja los resultados” y por eso abogó por “lealtad entre las diferentes legislaturas”. Planteó una idea “que parece obvia, pero no lo es” y es mirar a los pueblos no como un problema “sino una oportunidad, porque nadie se va a vivir a un problema”, recalcó.

El vicepresidente de la Junta de Castilla La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, recordó que en su Comunidad Autónoma aprobaron en 2021 una ley pionera en España, consensuada por todos los partidos, algo clave porque “las medidas se tienen que mantener en el medio y largo plazo”. Tuvieron claro que no se puede generalizar, sino que había que focalizar y delimitar qué se entiende por zona rural. Lo hicieron con un planteamiento comarcal e introduciendo conceptos como el “impacto demográfico”, de forma que cualquier medida, ley o plan, debe contar con una análisis de cómo se va a implementar en las zonas afectadas por despoblación, porque “la garantía de los servicios no es lo mismo en una zona urbana que en una rural”, expresó.

En opinión de Martínez Guijarro, los servicios públicos son fundamentales, pero que los haya no es una garantía y abogó por dinamizar la economía Entre las medidas que ellos tienen implementadas está reducir hasta un 25% la cuota autonómica del IRPF para la gente que vive en los pueblos y también para la adquisición de vivienda. En el último año ha habido 90.000 desgravaciones al respecto.

Esbozó que hay varias cuestiones clave, como contar con un buen plan de movilidad y otro de vivienda porque “paradójicamente cuando alguien quiere ir a un pueblo tiene muchos problemas pese a que hay tantas casas vacías”, lamentó. Sobre este tema propuso pensar en las zonas rurales cuando se diseñan los planes, con programas específicos que incluyan flexibilidad: “deben poder adaptarse, porque las realidades de los territorios son totalmente diferentes”, dijo, y comentó, a modo de ejemplo, que muchas de las casas de los pueblos no se pueden acoger a las ayudas públicas al no estar inscritas en el registro de la propiedad.

Martínez Guijarro concluyó reconociendo que no se van a salvar todos los pueblos, pero lanzó un mensaje positivo al asegurar que “se puede ver luz al final del túnel, nos lo tenemos que creer”, aunque matizó que es un problema poliédrico, sin soluciones mágicas.

El encargado de cerrar el acto de presentación fue el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, quien se preguntó si de verdad se quiere acabar con la despoblación, porque en ese caso es momento de ponerse a trabajar: “Vale de estudiar, que está todo estudiado”, sentenció. Juste también abogó por mejorar la accesibilidad a la vivienda, porque en los pueblos no es rentable invertir en una casa, “los ayuntamientos debemos tener vivienda y dar alquileres asequibles, porque ahí sí somos competitivos, es una manera de que la gente venga vivir allí, pero para eso hay que invertir”, aseveró.