

La aseguradora del Ayuntamiento de Teruel sigue sin poder entrar en el solar de San Francisco 21 dos años después del derrumbe del edificio
Los afectados que se quedaron sin viviendas, "descontentos" con el consistorioLos afectados de San Francisco advierten de que finaliza el plazo de los seguros
El desescombro del solar de la calle San Francisco 21 costó casi 1,2 millones
El Ayuntamiento de Teruel espera que los vecinos de San Francisco 21, edificio se desplomó hace ya dos años, autoricen a Mapfre, la aseguradora del Consistorio, a la de Aguas de Valencia y al Consorcio de Seguros para que los peritos puedan practicar en ese solar las pruebas periciales y sondeos para emitir un informe y determinar las causas del colapso.
El 13 de junio de 2023, sobre las 11.30 horas, la finca situada en el número 21 de la calle de San Francisco se desplomó. Por fortuna, no se registraron daños personales, aunque 21 familias se quedaron sin vivienda. El edificio Amantes, de 49 años de antigüedad, tenía cinco plantas, 21 pisos y 25 garajes.
Todavía no se han establecido las responsabilidades en el derrumbe, que asimismo provocó importantes daños materiales en el número 19, que será demolido, y en el 23-24. Los vecinos presentaron hace justo doce meses una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Consistorio turolense, que se extiende a Aguas de Valencia, y que cuantifican en 3.403.765,15 euros por daños materiales y 469.500 euros por daños morales.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que "son las aseguradoras tanto de la empresa de aguas como las del Ayuntamiento las que no han podido entrar todavía al solar a realizar sus pruebas desde el 24 de julio, que se entregó a los propietarios", una vez finalizados los trabajos de desescombro de casi 6.400 toneladas, cuyo coste, 1.165.529 euros, ha asumido el propio Consistorio.
Ya el 4 de noviembre de 2024, Mapfre requirió a los vecinos los datos del interlocutor con el que pudieran contactar los peritos designados para llevar a cabo el reconocimiento pericial y las actuaciones técnicas. En enero de 2025, la propiedad les contestó que, hasta que los afectados no realizaran sus pruebas, no entraría nadie en el solar y, en el mes de marzo, les trasladaron una serie de normas de acceso. El 27 de mayo del presente año, los peritos de Mapfre y el Consorcio de Seguros pidieron autorización a los vecinos para entrar y, al no recibir contestación, reiteraron la solicitud el 5 de junio. "Querían haber hecho pruebas este 9 de junio y no recibimos comunicación hasta este martes", ha apuntado Buj.
Las aseguradoras se han dirigido al Ayuntamiento para que haga las gestiones, pero la propiedad del solar corresponde a los vecinos y "son ellos que tienen que autorizar a los peritos, algo que desde julio del año pasado aún no se ha producido por un motivo u otro y, por supuesto, tendrán que cumplir unas normas de acceso, no lo pongo en duda", ha expuesto la regidora. Ha aseverado que "ha llegado la hora de que se pueda entrar al solar para averiguar las causas" y espera "la máxima colaboración de los vecinos".
Buj ha agregado: "Durante mucho tiempo se ha estado diciendo que se quieren saber las causas, como alcaldesa soy la primera interesada, pero para ello es necesario que todo el mundo realice las pruebas que haya que hacer".
Ha incidido en que "los peritos de los aseguradoras a las que se les está reclamando una cantidad importante querían iniciar este pasado lunes 9 de junio la toma de testigos en la estructura del edificio y no han tenido acceso todavía, llevan meses intentando entrar. Todas las partes debemos colaborar".
En este sentido, Buj ha argumentado que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico muy grande, es decir, lo hacemos todos los turolenses con nuestros impuestos; hemos dado facilidades para que los afectados hagan todo tipo de pruebas en instalaciones municipales y deberían corresponder de la misma manera".
La alcaldesa ha deseado que "cuanto antes los peritos puedan acceder al solar para hacer sus estudios y determinar de una vez las causas del derrumbe de ese edificio, que fue algo puntual y, por tanto, tenemos que averiguar".
El informe de Aguas de Valencia, la empresa encargada del abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Teruel, ha concluido que "no se aprecian deficiencias en las redes analizadas cumpliendo perfectamente el objetivo para el que fueron diseñadas y no fueron la causa del derrumbe del edificio".
Por su parte, el informe encargado por los vecinos apunta que no es un problema del edificio sino que el origen del derrumbe se encuentra en las filtraciones de agua de la red pública y su estado de deterioro.
"Los afectados nos han tenido siempre a su lado"
Emma Buj ha asegurado que los afectados "han tenido a su lado siempre al Ayuntamiento". Ha recordado que "a las personas que residían allí --había también pisos vacíos-- les estamos pagando el alquiler desde que sucedió el derrumbe, a aquellos con vivienda en propiedad se lo abonamos en su totalidad y los que estaban de alquiler reciben la diferencia entre lo pagaban y lo que les ha supuesto el traslado".
Para hacer frente a los costes, entre ellos el desescombro, el Ayuntamiento tuvo que de pedir un préstamo de 1.600.000 euros, "un gasto extraordinario que ha afectado a la regla de gasto y ha obligado a hacer un plan económico en un Ayuntamiento que estaba saneado", ha referido la alcaldesa, quien ha resaltado que "hemos asumido tirar de ese carro sin conocer qué sucedió ni cuáles son las responsabilidades".
Buj ha apuntado que "no podíamos dejar desamparadas a las familias que han sufrido una desgracia ni dejar los escombros allí". El Ayuntamiento incluso ha ofrecido a los vecinos adquirir el solar.
"Estamos trabajando en una línea de ayudas, junto al Gobierno de Aragón, para aquellas personas que han perdido su residencia habitual"· Ha apostillado que "además, se ha estudiado caso por caso porque la casuística de las familias es muy variada, empatizamos con ellas".
Buj ha manifestado que el Ayuntamiento no se acuerda de los afectados solo el 13 de junio, "una fecha muy dolorosa para ellos", sino que estamos pensando en ayudarles cada día".
La alcaldesa ha remarcado que trabajan por el interés general: "La intención del Ayuntamiento es "seguir al lado de los afectados como hemos estado siempre; hacemos lo que creemos que hay que hacer, sé que nunca va a ser suficiente, hemos querido huir de enfrentamientos y por muchas críticas que recibamos nos van a tener a su lado".
"Desigualdad en el trato"
El portavoz de la Plataforma de Afectados por el derrumbe del edificio 21 de la calle San Francisco, Javier Carbó, ha afirmado que este martes, vía burofax, han trasladado que los peritos pueden entrar al solar para hacer pruebas de testigos "siempre y cuando concreten con antelación, no deprisa y corriendo, cada equipo de trabajo, los datos de las personas que van a entrar". Ha puntualizado que "nosotros no es que no queramos que vengan, sino que lo hagan cumpliendo unas normas, no queremos que haya problemas".
Según Carbó, "el Ayuntamiento se sigue respaldando en terceros para escurrir el bulto y a los que tenía que exigirles la responsabilidad que tienen porque cuando hablamos de Aguas de Valencia es una empresa que tiene un contrato de explotación y tendría que exigirle que cumpla; cuando hablamos de Mapfre es el seguro del Ayuntamiento y entendemos que lo tenemos para algo". En su opinión, el Consistorio "se tendría que poner al lado de la ciudadanía, no al lado de las multinacionales".
Los afectados, que se muestran indignados y "muy descontentos" con la manera de trabajar del Ayuntamiento, se han quejado de "desigualdad en el trato" en el expediente administrativo, que "se ha instruido de manera sesgada hacia los intereses que no son los de los ciudadanos" y de la "demora" con la que se están llevando a cabo los plazos. "Ha habido episodios muy lamentables".
"Este es un asunto superfarragoso, muy largo en el tiempo, que para nosotros ni es fácil, ni barato ni rápido", ha lamentado Carbó.
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