La Audiencia de Teruel impone medidas de seguridad al acusado del apuñalamiento en Portalrubio

La Audiencia Provincial de Te­ruel ha declarado responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa a la persona que en mayo de 2024 apuñaló por la es­palda, cuando sufría un brote psicótico, a un vecino en Portal­rubio, si bien le aplica la eximen­te completa y no le priva de liber­tad sino que le impone una serie de prohibiciones para proteger a la víctima, que tenía 79 años en aquel momento.

Durante el juicio, celebrado hace un mes, la acusación parti­cular solicitó cinco años de priva­ción de libertad, mientras que la Fiscalía consideró en sus conclu­siones que la alteración psíquica del acusado era una eximente, y que por tanto no debía aplicarse una medida privativa de libertad.

Este planteamiento del minis­terio público es el que al final ha tenido en cuenta la Audiencia, que en su sentencia, dada a co­nocer por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, acuerda que el acusado, J. M. G., es responsa­ble como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, “con la concurrencia de la cir­cunstancia eximente completa del artículo 20. 1º del Código Pe­nal, a la medida de seguridad de no privativa de libertad de liber­tad vigilada durante un tiempo de siete años”.

Eso quiere decir que la conde­na no implica cárcel, pero sí el cumplimiento de determinadas obligaciones para garantizar la protección de la víctima. Dicha medida, según recoge el fallo, consistirá en la prohibición de aproximarse a la víctima durante esos siete años, así como de in­tentar comunicarse con ella, y también la obligación de some­terse a control periódico y seguir el tratamiento médico.

En consecuencia, el fallo de la Audiencia señala que se le ab­suelve “de toda responsabilidad criminal”, a la vez que en con­cepto de responsabilidad civil de­berá indemnizar a la víctima por las lesiones y perjuicios causados en la cantidad de 13.199,79 eu­ros, y al Servicio Aragonés de Sa­lud con 5.953,56 euros. Además, le impone al acusado el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular y el actor civil. La sentencia puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El fallo señala que, a la vista del informe forense presentado en la vista, la enfermedad que sufre el agresor, “siempre que se encuentre estable y en tratamien­to, no conlleva peligrosidad, pues conserva sus facultades vo­litivas e intelectivas, por lo que no requiere privación de liber­tad”.

Estima también el fallo del tri­bunal que la situación no ha lu­gar a la prohibición de residir en la provincia de Teruel, puesto que la víctima “queda suficiente­mente protegida con la prohibi­ción de aproximación y comuni­cación”, teniendo en cuenta que el domicilio habitual de esta se encuentra en Zaragoza.

La sentencia señala como he­chos probados que en la tarde del 11 de mayo de 2024 en Portal­rubio, el acusado se acercó por detrás a la víctima, un vecino de la localidad, y “lo apuñaló con un cuchillo de 14 centímetros de hoja”.

El tribunal considera probado que en el momento de los he­chos, el agresor “sufría una des­compensación psicótica en con­texto de esquizofrenia paranoide, lo que provocó que sus capacida­des intelectivas y volitivas se en­contraran totalmente anuladas”. También incide el fallo en que di­cho cuchillo “fue entregado vo­luntariamente por el acusado a la Guardia Civil” en la mañana del día siguiente. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida incisa de 3,5 centímetros de longitud y de 1,5 de profundi­dad en la región escapular dere­cha, que