

La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para Amador y Bielsa y sus defensas, la absolución
La Audiencia Provincial juzga un presunto caso de prevaricación administrativa en las fiestasEl Ministerio Fiscal pide 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación para la contratación de orquestas y conciertos en las fiestas patronales de Andorra, en septiembre do 2022. Los acusados, para los que sus defensas piden la absolución, son el entonces alcalde Antonio Amador y su concejal de Fiestas, Joaquín Bielsa. Ninguno de los dos continúa actualmente en política.
El juicio de celebró en la Audiencia Provincial de Teruel este martes. Tras el inicio de la vista, los abogados de la defensa solicitaron su suspensión, porque la fiscal presentó unos documentos que no aparecían en la instrucción y que consideraron determinantes. El juicio se paró durante unos 15 minutos para que los pudieran examinar y después la presidencia decidió continuar con el proceso.
Enrique Trebolle, letrado de Joaquín Bielsa, consideró que se trataba de “documentos sorpresivos”, mientras que el abogado de Antonio Amador, David Pérez Royo, los calificó de “revelación inesperada”. Estos documentos eran los contratos y decretos para la actuación de una de las orquestas y del concierto de Tako, pero se trataba de fotocopias en uno de los casos. A los acusados les pidieron que reconocieran sus firmas, pero no lo hicieron.
Además de escuchar a los dos acusados, comparecieron diferentes testigos tanto de manera presencial como mediante videoconferencia. De esta forma lo hizo la secretaria del Ayuntamiento de Andorra, que fue quien puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos juzgados este martes; la interventora y dos concejales de la oposición en la legislatura 2019-2023, Raúl Romero y David Villanueva, así como la secretaria del entonces alcalde. De forma presencial, tomaron parte el entonces primer teniente de alcalde, Juan Ciércoles y tres empresarios, uno de ellos de una empresa taurina y otros dos de las empresas de orquestas que actuaron durante las fiestas.
Tras escuchar a todas las partes, la fiscal concluyó que se trataba de una prevaricación administrativa con un elemento de tipo penal que era que afectaba a los derechos ciudadanos.
Defendió que se había producido contrataciones de forma verbal en algunos casos porque los expedientes no se habían concluido y en otros porque ni si quiera existía expediente. Recordó que no estaban las adjudicaciones “que es lo más importante en una contratación pública” y que la contratación verbal en la administración pública “está prohibida por la ley”.
En cuanto a los contratos de naturaleza privada firmados el 8 de septiembre, uno y dos días antes de las actuaciones, aunque los acusados no reconocieron sus firmas, la fiscal puso de manifiesto que los testigos sí que reconocieron la existencia de esos documentos.
En el caso del decreto de Alcaldía que manifiesta su conformidad con el contrato privado para el desarrollo del concierto, es “contrario al derecho”, según la Fiscalía que, no obstante, reconoció que posteriormente se trató de no causar perjuicio al municipio con la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos. La fiscal incidió en que ambos acusados, a sabiendas de que se estaba provocando una ilegalidad porque la secretaria les había avisado a través de varios correos electrónicos porque no contaban con crédito suficiente, siguieron adelante tras consultar con la dirección general de Administraciones Locales del Gobierno de Aragón. Y reconoció la honradez de estos gestores municipales cuya gestión, aunque irregular, estaba perseguida por el afán de que se pudieran celebrar las fiestas tal y como aparecían en el programa, que desde el mes de agosto estaba en la calle.
El abogado de Joaquín Bielsa, en sus conclusiones, pidió la libre absolución de su defendido por dos motivos fundamentales: “no hubo un resultado injusto” de los hechos juzgados, porque los promotores de las orquestas cobraron por el trabajo realizado y se pudieron contratar como contratos menores y en el caso del concierto de Tako se pudo contratar como contrato único o exclusivo, siguiendo el artículo 168 de la ley de contratos públicos. Consideró que era discutible, asimismo, que su defendido fuera sujeto activo de este caso cuando, como concejal de Fiestas, no tenía capacidad de contratar en el Ayuntamiento.
Trebolle aseguró no entender por qué este caso había sido objeto de derecho penal en vez de administrativo cuando no se había producido ningún enriquecimiento injusto: se había trabajado, se había cobrado y el pueblo estaba satisfecho porque se habían recuperado las fiestas. Recordó que se había hecho una previsión de créditos, por 157.000 euros y que a la intervención y a la secretaria no les correspondía hacer el alzamiento de ese dinero para otros fines relacionados con las fiestas, que fue lo que hizo que no hubiera dinero para el resto de contrataciones. “Tendrían que haberles asesorado para hacer una modificación presupuestaria en agosto en vez de ir a la Fiscalía con dos personas de la oposición”, dijo.
Una vez nombrado alcalde, en sustitución de Antonio Amador, que por motivos médicos dejo la alcaldía, Bielsa “lo primero que hace es solucionar esto”, aprobando en junta y en pleno y con el visto bueno de la intervención el reconocimiento extrajudicial de créditos.
Trebolle insistió en que hubiera correspondido al juzgado del contencioso administrativo juzgar este caso, como hizo con otro asunto relacionado con estas fiestas, “porque no se produce ninguna situación injusta” y calificó de “extraño” que después de dos años de instrucción no se hubieran presentado los documentos de los contratos hasta este martes.
El abogado del ex alcalde Antonio Amador consideró que esta situación había creado “indefensión”, porque se trataba de “documentos transcendentes”, que en el caso del concierto de Tako solo era una fotocopia y que las firmas eran ilegibles. Lamentó por ello que no se hubiera suspendido el juicio como se había solicitado por la defensa.
Pérez Royo se centró en la situación de su defendido, con una complicada situación de salud, por lo que durante el periodo de los hechos juzgados estaba de vacaciones o sin poder acudir al Ayuntamiento por lo que las gestiones las llevaba Joaquín Bielsa. Aseguró no entender por qué no se habían ido aprobando los diferentes expedientes relacionados con las fiestas y cuando la secretaria decide el 5 de septiembre desbloquear la reserva de crédito ya no queda presupuesto ni plazo para realizar el proceso de contratación. No obstante subrayó que al final el resultado fue el mismo: actuaron las orquestas, se hizo el concierto y se ha demostrado que no había detrás un interés económico. También consideró que se produjo una “dejadez o falta de asesoramiento”, porque no se tendría que haber acudo a la vía penal.
En su turno de última palabra, Bielsa dijo que había quedado clara la voluntad de que se había actuado para poder sacar las fiestas adelante. “Es ingrato terminar así”, concluyó, mientras que Amador subrayó que es “muy difícil” ser alcalde de un pueblo pero se sentía orgulloso de haberlo sido y agradeció el trabajo realizado por el concejal.
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