Lambán anuncia cambios para crear un sistema energético propio de Aragón

Lambán anunció ayer que su Gobierno aprobará un decreto ley que remitirá al parlamento aragonés lo antes posible para dotar a la comunidad de un sistema energético propio sustentado en renovables, “crucial” para que la región tenga la energía doméstica “más barata que nadie” y atraiga “más inversiones que nadie”.

Así lo avanzó en una comparecencia en el pleno de las Cortes a petición propia, en la que incidió en que la disyuntiva en este momento es que Aragón tome la iniciativa y se erija en “agente activo de la inevitable reforma que se avecina del sistema eléctrico español” o tolerar que los recursos generados en la comunidad sean para el crecimiento y el desarrollo de otros territorios.

“Es éste un desafío formidable, dotarnos de un sistema energético propio superador del colonialismo energético del pasado”, subrayó Lambán, quien explicó, en todo caso, que los cambios normativos “a fondo” que plantea con ese decreto ley, pionero en el marco autonómico que combinará la “prudencia competencial” con objetivos “ambiciosos”, precisarían de una modificación de la normativa estatal en materia energética.

La batería legal planteada por Lambán incluye la puesta en marcha de un fondo autonómico y uno estatal que para compensar a los territorios que soportan el impacto que suponen las instalaciones de renovables.

Según Lambán, Aragón es la primera comunidad en producción de renovables por habitante y la tercera en términos absolutos tras Castilla y León y casi a la par que Galicia, con una producción de 7.000 MW y otros 20.000 en trámite de autorización, con lo que dentro de poco la Comunidad se situará a la cabeza en producción con 23.000.

Guerra de Ucrania

En este contexto, subrayó que la guerra en Ucrania ha llevado a la Unión Europea a tomar conciencia de la importancia de la soberanía energética y si Aragón hace “las cosas bien “, puede dotarse de un sistema energético propio que abarate “radicalmente” el coste a las familias y empresas para ser más competitivas y se convierta en un “imán” para las inversiones.

Eso requiere potenciar las líneas que tiendan a la preservación de la biodiversidad y el paisaje, la agricultura y el turismo e impulsar cambios normativos “a fondo”, con un decreto ley que capacite a Aragón a desarrollar una política energética propia en el marco de la normativa básica y del sistema eléctrico nacional para favorecer formas de consumo y autoconsumo que permitan abaratar la factura a los ciudadanos y a empresas.

Entre otros puntos, avanzó que el propósito es regular el consumo eléctrico de proximidad, distinguiéndolo del autoconsumo; revisar la normativa territorial, urbanística y de inversión de interés autonómico para fomentar proyectos con instalaciones de producción y el desarrollo del régimen de autoconsumo sin excedentes y del de autoconsumo colectivo desde instalaciones próximas a través de la red, de forma que se propicie una generación suficiente para grandes autoconsumidores.

También desarrollar el régimen de comunidades energéticas en Aragón, agilizando los procesos administrativos, con la regulación de las íntegramente ubicadas en la Comunidad ante la ausencia de normativa estatal; fijar el régimen de autoconsumo de la energía excedentaria de las plantas de producción hibridadas y establecer un informe autonómico preceptivo y no vinculante previo a la resolución de los concursos generales de acceso y de transición justa, además de la creación de un fondo aragonés de solidaridad energética que incorpore inversiones compensatorias a los territorios que soportan afecciones por plantas de renovables.

Desarrollo óptimo

El presidente señalo que para el desarrollo óptimo de un sistema propio aragonés haría falta una modificación de la normativa estatal para, entre otras cuestiones, actualizar la extensión de red e instalaciones de extensión compartidas para evitar una barrera al autoconsumo y al consumo local, cuya distinción necesitaría regular las instalaciones de producción próximas a las de consumo asociadas a las mismas, abriendo a la intervención autonómica el régimen de distancias.

Además, insistió en que habría que revisar peajes y cargas del sistema, especialmente del autoconsumo a través de la red y modificar el régimen de los concursos generales de accesos y de transición justa para priorizar la ponderación de los beneficios ambientales y sociales, así como reconocer la competencia autonómica para emitir informe preceptivo en estas materias, sin ser vinculante, y crear un fondo estatal de solidaridad atendiendo a los impactos que soportan los territorios con mayor potencial generador.