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Las ayudas al funcionamiento empresarial se aplicarán de oficio a partir del 1 de enero Las ayudas al funcionamiento empresarial se aplicarán de oficio a partir del 1 de enero
De izquierda a derecha, José Antonio Guillén, Juan Ciércoles y Juan Carlos Escuder, representantes de la patronal

Las ayudas al funcionamiento empresarial se aplicarán de oficio a partir del 1 de enero

El BOE publica su implantación en Teruel, Cuenca y Soria en una disposición adicional de los PGE
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La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) aplicará de oficio a partir del 1 de enero de 2023 las ayudas al funcionamiento empresarial aprobadas para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, de forma que los beneficiarios no tendrán que realizar ningún tipo de actuación específica para acceder a estas reducciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Así lo detalla la regulación de estas ayudas incluida en la disposición adicional 91 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 24 de diciembre.

Como ya se había anunciado, la normativa diferencia entre el trabajo indefinido ya existente y el de nueva creación, aplicando para ello tres tipos de bonificaciones por contingencias comunes a las cuotas de la Seguridad Social: 5 % para los contratos ya existentes y 15 % para los de nueva creación, salvo en los municipios de menos de mil habitantes que será del 20 %.

Excluye además a los trabajadores autónomos -pero no a sus empleados-, si bien los que se den de alta a partir del 1 de enero de 2023 tendrán una cuota reducida de 80 euros al mes durante tres años, frente a los dos años de aplicación de esta medida en el resto del país. 

Por carta 

CEOE y Cepyme Teruel comunicaron este jueves por carta a los empresarios turolenses la regulación publicada en el BOE de estas ayudas. En la misiva insisten en que “la intensidad y el alcance de esta medida resulta insuficiente para corregir los desequilibrios territoriales que padece la provincia”, tal como han venido manifestando desde que el pasado mes de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su puesta en marcha en el Congreso de los Diputados.

Por ello, anuncian que seguirán trabajando,  “con la misma o más intensidad que hasta ahora, para trasladar al Gobierno central la necesidad de mejorar los términos de su aplicación”.

En concreto, avanzan que, “como representantes de los empresarios en la mesa del diálogo social en materia de despoblación y reto demográfico”  solicitarán la celebración “a la mayor brevedad posible, de una reunión con los diferentes ministerios implicados en la aplicación de las ayudas”.

A pesar de valorarlas como insuficientes, la patronal considera que la publicación en el BOE de la aplicación de las ayudas de funcionamiento “constituye un paso determinante en el trabajo que desde las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel” se ha desarrollado desde hace años, “en estrecha colaboración” con los gobiernos autonómicos.

Compromiso

Esta labor, en la que ha sido clave “el compromiso de las empresas y autónomos de las tres provincias”, ha permitido “modificar una directriz europea, reconocer la excepcionalidad socioeconómica que padecen estos territorios como consecuencia de sus desventajas demográficas graves y permanentes y, finalmente, establecer un marco normativo para la aplicación de estas ayudas”, recuerda la carta.

En las próximas semanas CEOE-Cepyme Teruel organizarán una jornada explicativa sobre la aplicación de las ayudas.

La puesta en marcha de esta medida culmina un proceso iniciado en abril de 2021, cuando la Comisión Europea autorizó la concesión de estas ayudas de Estado, que podrían alcanzar hasta el 20 % de los costes laborales de las empresas.

Sin embargo, tal como las ha planteado el Gobierno supondrán solo alrededor del 1 % de los costes laborales de las empresas, en el caso de los empleos indefinidos ya existentes.

Su coste para el Estado será de entre 24 y 25 millones de euros al año para las tres provincias, de los que entre 10 y 12 millones corresponden a Teruel, según los cálculos realizados por las organizaciones empresariales.

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