El Gobierno de Aragón tiene ya en marcha y en previsión 459 viviendas públicas en la provincia con diferentes planes

El Ejecutivo aragonés tiene ya en marcha y en proyección la construcción de 459 viviendas públicas en la provincia de Teruel a través de los diferentes programas contemplados en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. La cifra la dio este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en un desayuno de trabajo organizado por Diario de Teruel, en el que se abordó esta problemática y se contó para ello tanto con representantes profesionales vinculados con el sector como institucionales. López aprovechó la ocasión para anunciar que finalmente serán 104 las viviendas en régimen de alquiler para jóvenes que se harán en la capital en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Teruel.

La jornada de trabajo se desarrolló bajo el epígrafe La vivienda a debate y contó con la participación, además del consejero, de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y del presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que explicaron las diferentes políticas que se están aplicando en esta materia. Participaron junto a ellos representantes del sector privado, que plantearon las necesidades existentes y en el caso de los empresarios reivindicaron la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes tanto las instituciones como las organizaciones empresariales de CEOE y Cámara de Comercio.

La vivienda es clave para el asentamiento de la población y la llegada de nuevos habitantes a la provincia ante las expectativas de crecimiento de empleo que hay en torno a proyectos como el Aeropuerto de Teruel, pero requiere de la implicación de todas las administraciones y de aportar soluciones adaptadas a las distintas realidades de los territorios, porque no es lo mismo construir en las ciudades que en las zonas rurales, según se puso de manifiesto.

Fue además una jornada de anuncios, porque el consejero de Fomento reveló que finalmente las viviendas públicas de alquiler para jóvenes que se harán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Teruel serán 104. En la licitación que salió para la concesión administrativa de esta actuación se fijaba un mínimo de 90 viviendas, mientras que la única empresa que se ha presentado, Habitalia Teruel SL, ha propuesto hacer 14 más.
 

Comentó que próximamente se adjudicará, se harán los proyectos y “en unos meses empezarán las obras” con la previsión de que estén terminadas en diciembre de 2027. Además, López incidió en que los inquilinos dispondrán de ayudas de entre un veinte y un cuarenta por ciento de sus mensualidades. “Van a ser unos alquileres muy interesantes”, apuntó el consejero.

Alquiler asequible

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, celebró la construcción de estas viviendas para jóvenes en régimen de alquiler asequible por ser una “grandísima noticia”, puesto que reconoció que llevaba “mucho tiempo una operación de este tipo”. Recordó al respecto que el Ayuntamiento ya había ofrecido con anterioridad parcelas municipales en “incontables ocasiones” a anteriores ejecutivos autonómicos. Lo hizo con la misma fórmula de ofrecer suelo municipal para que la Comunidad Autónoma hiciese las viviendas, pero “con anteriores gobiernos eso fue absolutamente imposible”.

Buj apuntó que en la ciudad de Teruel se habían rehabilitado en torno a nueve o diez viviendas en el parque de maquinaria de la DGA y no se hizo más, mientras que en esta legislatura el departamento al frente del cual está Octavio López mostró su predisposición desde el principio y “cogió el guante”, lo que se materializará ahora con estas viviendas públicas en régimen de alquiler.

La concesión demanial, como se gestionará esta actuación, está pendiente de la aprobación definitiva de la mesa de contratación a la única empresa que se presentó, Habitalia Teruel SL, del Grupo Térvalis. Serán 104 viviendas públicas que se harán en la calle Italia en régimen de alquiler asequible durante 75 años, que contarán además con ayudas directas del Gobierno de Aragón durante tres lustros. Eso permitirá a los futuros inquilinos que no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota mensual de alquiler. Las rentas mensuales a pagar rondarán entre 333 y 723 euros en función del tamaño de las viviendas.

La alcaldesa recordó que para sacar adelante esta iniciativa fue preciso hacer unas “modificaciones legislativas o de interpretación” de las parcelas con que cuentan los ayuntamientos para equipamiento, como era este caso, y gracias a ello el consistorio pudo ceder un terreno en La Fuenfresca en el entorno de la Comandancia de la Guardia Civil.

Buj recalcó que esa cifra de 104 viviendas es “importantísima” por el tamaño de la ciudad y aseguró que influirá en el mercado de alquiler “para bien”, porque contribuirá a destensar los problemas que hay para acceder a un piso en la ciudad. Apuntó que esta actuación se unirá a otras que está llevando a cabo el Ayuntamiento como son las subvenciones a la rehabilitación “para poner en el mercado de la vivienda pisos que están vacíos y cerrados”, y cuya intención es que los propietarios los incorporen al mercado del alquiler en los próximos cinco años. Indicó que las bases de estas subvenciones saldrán en “septiembre como muy tarde”.

Impulso

Estos pisos de alquiler en Teruel son algo menos de una cuarta parte de la vivienda pública que ya tiene en marcha, o sacará de manera inmediata, la DGA, como comentó el consejero de Fomento, que cifró en 459 viviendas las que se han impulsado ya con el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 en la provincia.

A las 104 de la ciudad de Teruel sumó 176 viviendas públicas en el resto de la provincia, de las cuales 43 forman parte del Programa 700 para rehabilitación y regeneración de cascos urbanos en 21 municipios turolenses, y 133 son para facilitar el alojamiento de trabajadores en 18 municipios turísticos de la provincia.

Además, anunció que van a salir en la provincia otras 179 viviendas públicas más en 60 municipios. De esa cifra, aseguró que 108 corresponden a la Fase II del Programa 700, para municipios de menos de 3.000 habitantes que beneficiarán a 57 localidades.

Las 71 restantes corresponden al futuro Programa +3.000 (para localidades que superan esa población aparte de las capitales), que el Departamento de Fomento está ultimando para hacer promociones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra a diez años. En Alcañiz hay previstas 35 viviendas, en Alcorisa 24, y en Andorra otras 12.

López precisó que en este último caso son concesiones sobre suelos patrimoniales que, a diferencia de las concesiones demaniales de las capitales, sí se podrán vender las viviendas. El plan contempla un periodo de diez años de alquiler asequible dando ayudas a los inquilinos, para después ofrecerles la opción de adquisición a un precio “ventajoso”. Si no las adquieren, el Ejecutivo aragonés las incorporará a su parque público inmobiliario.

Octavio López y Emma Buj intervinieron en una mesa institucional de debate, junto con el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que estuvo moderada por el director de Diario de Teruel, José Ramón Vicente, que fue el medio que organizó esta sesión de trabajo con el patrocinio de esas tres instituciones y la colaboración de Caja Rural de Teruel, Embou, Cámara de Teruel, el Centro de Innovación Territorial (CIT) y el Colegio de Arquitectos de Aragón.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, señaló que el tema de la vivienda es “muy importante” para toda la provincia, y recordó que desde la institución provincial ya se puso en el presupuesto del año pasado un millón de euros para que los ayuntamientos compren vivienda, y la misma cantidad durante este ejercicio para el mismo fin.

Juste precisó que este programa de apoyo provincial permite que los ayuntamientos puedan disponer de fondos para adquirir viviendas y acudir a continuación a otras convocatorias para su rehabilitación, y ponerlas después en alquiler y facilitar así el asentamiento de la población y la llegada de nuevos habitantes.

El máximo representante de la institución provincial incidió en que se trata de que haya una coordinación de todas las administraciones con el “objetivo común” de facilitar vivienda en los pueblos, para lo cual señaló que la DGA cuenta también con otra línea de apoyo dentro de sus programas de lucha contra la despoblación para la rehabilitación.

Derribos

Juste apuntó a este respecto que desde la DGA se están dando ayudas también para los derribos, puesto que los ayuntamientos no disponen de capacidad suficiente y así se libera suelo para vivienda. En opinión del presidente de la DPT, actualmente hay un cambio de mentalidad y la gente se quiere quedar en las zonas rurales para desarrollar un proyecto de vida.

“Si queremos que la gente se quede en los pueblos hay que ayudarles”, manifestó Juste, quien consideró que eso se logra con la rebaja de impuestos, algo que se puede hacer “con voluntad”.

A las necesidades económicas para desarrollar estos programas como apuntó el presidente de la DPT, la alcaldesa de Teruel añadió la necesidad de agilizar la legislación para que no lleve tanto tiempo cualquier trámite que hay que hacer. “Necesitamos producir urbanizaciones de forma más rápida”, dijo Buj, quien apuntó que la normativa viene impuesta tanto desde las comunidades autónomas como desde el Estado. También abogó por abrir el crédito en los bancos, debido a la “regulación tremenda” que hay desde la gran crisis, así como garantizar la estabilidad para poder llevar a cabo políticas, algo que aseguró que “no es posible sin gobiernos estables”.

En la mesa técnica celebrada durante la jornada de trabajo, que moderó la periodista de Diario de Teruel Alicia Royo, el director del área de negocio de Caja Rural de Teruel, Juan Mangas, también apuntó la dificultad que existe hoy día con los problemas que pone el Banco de España, cuando antes era más sencillo habilitar crédito. Mangas reconoció por su parte que hay poca vivienda en Teruel en estos momentos para atender la demanda que se va a necesitar ante las expectativas futuras de desarrollo.

En esta mesa técnica de debate participaron también Juan José Ríos, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Teruel; Etién Aldea, director de Negocio y Marketing de Embou; y Laura Querol, de la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Arquitectos de Aragón en la Demarcación de Teruel.

La apertura de la sesión de trabajo estuvo a cargo de la coordinadora del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel, Sara Anés, que ofreció una panorámica de la situación de la vivienda en la provincia, donde el 26% están vacías y el 54% del parque existente tiene más de medio siglo.

Debate

En la mesa de debate técnico que acogió la sesión de trabajo sobre vivienda, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Juan José Ríos, planteó tres demandas que contribuirían a mejorar el problema de la vivienda. Las mismas pasan por la puesta en marcha de un Plan Prever para sacar del mercado las viviendas que no están en condiciones; suavizar la normativa porque se exigen los mismos requisitos en las ciudades que en los pueblos pequeños; y escuchar al sector empresarial a través de una mesa de trabajo en la que además de las instituciones estén representadas las organizaciones empresariales a través de CEOE y la Cámara de Teruel, ya que se está produciéndose un cambio en el modelo de compra al estar aumentando la opción del alquiler.

Ríos consideró que hay muchas viviendas que por su estado tienen su vida útil agotada y es preciso sacarlas del mercado, puesto que presentan también problemas de seguridad. Lo comparó con los vehículos viejos que hay que retirar de la circulación, y por eso se mostró a favor de un Plan Prever pero de vivienda.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, opinó que la rehabilitación “es una parte del problema de la vivienda”, y que en su opinión es preciso rehabilitar porque supone una “regeneración de la ciudad”. Puso como ejemplo las actuaciones que se están llevando a cabo en las zonas degradadas, al igual que defendió un planeamiento que haga una ciudad más compacta. Abogó por “ser valientes” y anunció “convenios urbanísticos” que no habían podido salir hasta ahora por la falta de una mayoría en el Ayuntamiento.

Ríos puso también énfasis en las dificultades de la revalorización de la vivienda en las zonas rurales y la menor rentabilidad de los alquileres.