La DPT y la DGA unen sus políticas para garantizar servicios en los pueblos pequeños

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) y el Gobierno de Aragón unirán sus políticas para garantizar servicios en los pueblos pequeños y luchar contra la despoblación. Lo harán a través del convenio que el Ejecutivo aragonés y los presidentes de las tres diputaciones provinciales suscribieron este lunes en Zaragoza, por valor de 64 millones de euros hasta 2028. En el caso de la provincia de Teruel, la DPT aportará 1,75 millones de euros cada año y una cantidad similar la DGA. Los objetivos se centrarán en garantizar servicios básicos en materia de accesibilidad a servicios bancarios, conectividad, derecho a la salud, y fomento a la economía rural y la educación. El presidente aragonés, Jorge Azcón, destacó que este convenio es pionero, mientras que su homólogo en la DPT, Joaquín Juste, manifestó que el objetivo es ofrecer calidad de vida en el territorio porque la gente quiere quedarse y necesita servicios.

El convenio fue suscrito por los presidentes de las tres diputaciones y el jefe del Ejecutivo aragonés. Además de Azcón y Juste, intervinieron en el acto Isaac Claver, que preside la corporación provincial de Huesca, y Juan Antonio Sánchez Quero, que está al frente de la de Zaragoza.

Entre las tres provincias el convenio, con una duración de cuatro años, asciende a 64 millones de euros, de los cuales la mitad, 32 millones, los aportará el Gobierno de Aragón y el resto las diputaciones provinciales en función de su población rural, ya que se ha descontado en los cálculos el número de habitantes de sus capitales.

En el caso de la provincia de Teruel, el Ejecutivo aragonés pondrá al año 1,75 millones de euros y otro tanto la corporación provincial hasta sumar 3 millones y medio de euros cada ejercicio. En Huesca la aportación será de 2,25 millones por cada una de las dos partes, y en Zaragoza de 4 millones tanto por parte de la DGA como de la institución provincial.

El objetivo será fortalecer la calidad de los servicios públicos que se prestan en los municipios pequeños facilitando su acceso a necesidades básicas de las que se dispone en las ciudades pero se han perdido en los pueblos, como los servicios bancarios o el desarrollo de la economía rural, que en el caso de la provincia de Teruel es pionera con los multiservicios rurales. Garantizar la educación de 0 a 3 años, para que haya igualdad con los núcleos urbanos, además de facilitar la conciliación laboral y familiar, es otro de los objetivos, a los que se suma la conectividad y el derecho a la salud y los cuidados.

El convenio será prorrogable por otros dos años si las partes firmantes lo consideran oportuno, y en el caso de la provincia de Teruel supondrá contar con 3,5 millones de euros al año, aportados a partes iguales por la institución provincial y el Gobierno de Aragón, para garantizar esos servicios que con la despoblación se están perdiendo como sucede con la exclusión financiera.

Algunas políticas se están implementando ya, como sucede con los multiservicios en Teruel, y este convenio pretende impulsar las sinergias entre ambas administraciones para dotar de recursos con los que garantizarlos y que la gente pueda vivir en el territorio.

Empujar todos juntos

El presidente aragonés, durante la presentación del convenio a la prensa después de su firma, destacó que es la primera vez que se suscribe un acuerdo de estas características en Aragón y el conjunto del país. Aclaró que más allá de hablar de ideas y de multiplicar el presupuesto para luchar contra la despoblación, se trata de “empujar todos en la misma dirección” a través de la colaboración y la coordinación al margen de los colores políticos de cada institución.

Azcón apuntó que se trata de trabajar juntos a través de un convenio que calificó de “histórico” para cumplir con un mandato del Estatuto de Autonomía como es promover la “corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón” a través del “fomento de la solidaridad hasta conseguir la igualdad de oportunidades”.

Mejorar los servicios esenciales es el reto al que se aspira con este convenio. En este sentido, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, una de las instituciones firmantes, comentó que lo importante de este acuerdo es la “unión” para luchar juntos contra la despoblación.

Juste lanzó un mensaje en positivo y aseguró que las cosas están cambiando en los últimos años y se percibe interés por la gente joven de quedarse a vivir en los pueblos y desarrollar un proyecto de vida. “Creen que pueden hacerlo”, aseguró, y lo que hace falta es “darles los mimbres necesarios para que eso lo puedan hacer en igualdad de condiciones que en una gran ciudad”.

Esa es la clave del convenio suscrito este lunes, “intentar invertir en aquello que falta en nuestros municipios, en el territorio, para conseguir que la calidad de vida entre unos y otros sea equivalente”.

Juste puso como ejemplo en el caso de Teruel los multiservicios rurales, con los que se ha hecho “de la necesidad virtud”, porque es necesario que los servicios que ofertan estas instalaciones no se pierdan. “Es ahí donde tenemos que centrarnos”, apuntó, y recordó que la provincia cuenta con 108 multiservicios que permiten a los pueblos seguir teniendo tienda, bar, restaurante, acceso a internet y otros servicios vinculados.

Se trata, dijo Juste, de “garantizar los servicios, la calidad de vida y que la gente viva donde quiera pero que reciban el mismo nivel de servicios”. Comentó que la DPT trabaja en diferentes programas que seguirán impulsándose como este de los multiservicios, o soluciones a la exclusión financiera, y que de cara al próximo ejercicio se impulsarán nuevas líneas. El convenio establece reuniones de seguimiento en septiembre, que será cuando se perfilen las actuaciones del siguiente ejercicio para incorporarlo a los presupuestos.

Retos

El reto de la lucha contra la despoblación es garantizar que en las zonas menos pobladas se tenga acceso a la misma calidad de servicios que se tiene en las zonas urbanas para acabar con la brecha existente a través de una adecuada cohesión territorial.

Durante la firma del convenio, el presidente aragonés, Jorge Azcón, manifestó que el mismo no solo establece una serie de objetivos y de líneas de trabajo a desarrollar, sino que formula la colaboración como principio básico para combatir la despoblación. Se refirió a que esa unión de las instituciones permitirá multiplicar los recursos para empujar en una misma línea.

Al ser la lucha contra la despoblación uno de los retos que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, Azcón afirmó que es fundamental multiplicar recursos a través de la suma de esfuerzos de las instituciones. A preguntas de la prensa, añadió que con esta iniciativa se incrementa el presupuesto destinado a combatir el problema demográfico en el territorio, a lo que hay que sumar lo que ya se está invirtiendo en las políticas de lucha contra la despoblación de los diferentes departamentos.

Objetivos a desarrollar con el convenio

Dentro de los cinco objetivos y finalidades en los que se fija el convenio, el primero de ellos plantea el desarrollo de iniciativas para facilitar la accesibilidad a los servicios bancarios y combatir la exclusión por el cierre de oficinas y la ausencia de cajeros automáticos para extraer dinero en efectivo o la realización de trámites.

En virtud de este convenio se plantea que las diputaciones fomenten la adquisición de cajeros automáticos, contraten servicios de carteros rurales que faciliten hacer operaciones de crédito, o incluso la contratación de ofibuses bancarios.

El objetivo es dar servicio a una población rural caracterizada por el envejecimiento, a la que se formará para que puedan tener acceso a instrumentos que les permitan hacer trámites financieros básicos frente a la brecha digital.

2 Conectividad rural
En esta línea de actuación el competente es el Gobierno de Aragón, que a través del convenio trabajará mediante la coordinación de un concurso público la extensión de la fibra óptica a diferentes puntos de interés local para los servicios que se prestan, especialmente los consultorios, botiquines y ayuntamientos.

Será la administración la que en este caso llegue a cubrir las demandas existentes en el territorio cuando el mercado no provee de estos servicios. El compromiso adquirido en el convenio es planificar e invertir en aquellas necesidades que faciliten el acceso a esta conectividad en territorios despoblados para completar la extensión de las redes y los servicios de telecomunicaciones.

Se trata de luchar contra la despoblación impulsando iniciativas de cohesión social y territorial.

El fomento del derecho a la salud es otra de las líneas que se marca el convenio. Por un lado se plantea dotar a los servicios médicos del acceso inmediato al expediente electrónico del paciente mediante la extensión de la fibra óptica, al igual que el acceso al suministro de medicamentos.

Debido al alto nivel de envejecimiento de la población rural se incide en el papel de la farmacia rural y los botiquines rurales, consolidando el acceso a la salud preventiva en las zonas rurales.

También se considera primordial dotar a los consultorios médicos en el territorio de material suficiente, que abarque desde electrocardiógrafo, desfibrilador y diversos instrumentales para las consultas de los facultativos. También se incide en esta línea en la implantación de nuevos servicios como las casas del mayor.

4 Economía rural
Dotar de servicios básicos como el acceso a una tienda o un bar y restaurante, y la oferta que le acompaña en los denominados multiservicios rurales, es una de las líneas de actuación que se proponen en este cuarto objetivo del convenio, al que se suma también facilitar la implantación de otro tipo de servicios que van desde las casas de infancia al apoyo a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el territorio. Se plantean igualmente las acciones en materia de rehabilitación de vivienda y unido a ello la eficiencia energética y el derribo de inmuebles en ruina para impulsar nuevos alojamientos. La mejora de la seguridad mediante la instalación de videocámaras, el establecimiento de electrolineras que creen una red de cargado de vehículos eléctricos, el arreglo de caminos y el mantenimiento de bares son otros aspectos contemplados.

La educación rural se considera indispensable en el convenio para el desarrollo del territorio y en particular promover una Educación Infantil de calidad de 0 a 3 años. La misma se considera fundamental para disponer del mismo servicio que en las ciudades, además de ser clave para la conciliación de la vida familiar y laboral de quienes viven en las zonas rurales sin que sea un condicionante para el desarrollo de sus actividades.

Este aspecto está considerado de especial relevancia en el convenio por la importancia de la conciliación, ya que eso facilita a las gentes que viven en el territorio la posibilidad de desarrollar sus proyectos personales de vida.

El convenio plantea la financiación de los recursos personales y materiales para el desarrollo pleno de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo.