Redón presenta el análisis de la aplicación de la ley de violencia machista en Teruel

La diputada delegada del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Redón, participó este lunes en las audiencias legislativas de las Cortes de Aragón sobre el proyecto legislativo del Estatuto de las Mujeres Rurales en las Cortes de Aragón. Durante su intervención dio a conocer el estudio Análisis de la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la zona rural de Teruel.

Durante su intervención estuvo acompañada por Maribel Abril, gerente de Invesocial, empresa que se ha encargado de elaborar el estudio. Explicaron que el objetivo había sido valorar con rigor técnico y sensibilidad social la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, especialmente en el contexto rural y en la provincia de Teruel, “que tiene unas peculiaridades muy concretas por la gran dispersión poblacional, la difícil orografía que presenta, el elevado grado de envejecimiento y la grave problemática de la despoblación”.

Redón destacó la importancia de este estudio por ser “fundamental saber si la implantación de las políticas públicas en el ámbito rural está siendo efectiva como en otros territorios o hay diferencias peyorativas que debemos replantearnos, si los avances respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia recogidos en la norma se podían aplicar con realidad o hay una problemática específica por solventar, en definitiva si el estableciendo de los mecanismos de protección, atención y prevención que establece la ley en nuestra provincia están siendo efectivos y cumplen objetivos".

La diputada provincial de Teruel Existe indicó que el informe ha permitido “averiguar qué podría haber supuesto una debilidad y qué una fortaleza, cómo se han aplicado los recursos y servicios, de qué administraciones dependían, pero sobre todo si estaban siendo eficaces, con el principal objetivo de descubrir posibles carencias y problemáticas y establecer el reto de afrontarlas para que sean realmente útiles y seguras para las mujeres rurales y sus hijos e hijas”.

Por su parte, Abril incidió en que “este estudio pone de manifiesto que la respuesta a la violencia de género debe adaptarse a la especificidad del mundo rural” y explicó quince propuestas de mejora que se recogen en el informe, como son descentralizar los recursos, con centros de atención integral en comarcas rurales y servicios itinerantes que aseguren el acceso a apoyo jurídico, psicológico y socia, así como reforzar la coordinación interinstitucional mediante protocolos más ágiles y mesas de trabajo comarcales permanentes.

También se contempla asegurar una formación continua y obligatoria del personal que trabaja en la atención de las víctimas, evitando la revictimización y mejorando la eficacia de la intervención. Otro de los puntos se refiere a la promoción de itinerarios de empoderamiento real para las víctimas, facilitándoles el acceso al empleo, vivienda y atención psicológica.

Al término de su exposición, Redón manifestó a los asistentes que las mujeres del medio rural “no pueden seguir enfrentándose solas a barreras que, en la práctica, limitan sus derechos”. Abogó por que las instituciones tengan la “responsabilidad de garantizar que la ley llegue a todas, vivan donde vivan”, y animó a los parlamentarios a desarrollar futuras estrategias autonómicas.