La movilización del 5 de octubre: “Cuando la gente sabe es más difícil engañarla y parte de lo que está pasando es por la desinformación”

La ocupación indiscriminada de los territorios por los macroparques de energías renovables y la pérdida de los servicios sanitarios en el medio rural serán dos importantes demandas en la manifestación del 5 de octubre en Madrid bajo el lema Salvemos el mundo rural agredido. Son problemas que afectan muy especialmente a la provincia de Teruel, cuya capital acogió en junio una multitudinaria manifestación por la sanidad, mientras que son constantes las acciones para intentar frenar la destrucción de sus paisajes con las macrorrenovables. Informar y concienciar en la protesta será uno de los objetivos. “Cuando la gente sabe es más difícil engañarla, y parte de lo que está pasando tiene que ver con la desinformación”, afirma Rosa Pardo, de la coordinadora Aliente, que con sus más de doscientos colectivos participará en la movilización.

La protesta del 5 de octubre en Madrid está ya a la vuelta de la esquina y durante este mes se van a acelerar las acciones para convocar a la gente para que acuda a la protesta. Son más de 400 las plataformas que está coordinando esta movilización con la que se pretende denunciar la agresión que el territorio está sufriendo, más allá de que las políticas de lucha contra la despoblación no existen sobre el terreno.

En el manifiesto previo de la manifestación con el que se está convocando a la ciudadanía, se incide en dos cuestiones de especial trascendencia en la provincia de Teruel pero que son problemas comunes que se han incrementado en los últimos años en todas las zonas rurales del país, por un lado la invasión que está habiendo de grandes parques de renovables, y por otro la pérdida de servicios sanitarios.

En el manifiesto se advierte que la ocupación de los territorios por las macrorrenovables, con centrales fotovoltaicas y eólicas de dimensiones descomunales lo que hacen es “invadir los paisajes al amparo de una supuesta transición ecológica que no respeta ni el patrimonio natural ni los sectores económicos del medio rural, como la agricultura, la ganadería o el turismo rural”.

A la vez, denuncian que estos proyectos “están paralizando y no fomentando el autoconsumo y las comunidades energéticas que son las soluciones que benefician a la sociedad en su conjunto”.

La situación en el recorte de los servicios públicos no es menos preocupante. En el manifiesto exigen “más inversión para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, sobre todo los más esenciales como es la atención sanitaria y la educación, que den respuesta a las necesidades de la población que permanece, en su mayoría personas mayores, y favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores, que difícilmente optarán por vivir en territorios carentes de servicios básicos”.

Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la Provincia de Teruel, y una de las personas que forma parte del grupo de trabajo permanente que coordina la movilización del 5 de octubre en Madrid, asegura que “la sanidad es un elemento importante que vertebra el territorio”.

Recuerda que el movimiento vecinal está implicado en los consejos de salud y que la pérdida de infraestructuras y recursos sanitarios amenaza el vaciamiento de los pueblos, puesto que las personas mayores se irán a las ciudades. Desincentivará además la llegada de nuevos habitantes por la ausencia de esos servicios. “Así se está generando inseguridad a la ciudadanía”, afirma.
 

Asunto que más preocupa

Es uno de los asuntos que más preocupa a la población, como pudo verse en junio pasado en la manifestación por la sanidad celebrada en Teruel capital. En otros territorios del país también se están movilizando porque los problemas que tienen son similares.

José Antonio Sahuquillo, de la Plataforma en defensa de la sanidad rural en La Mancha, que participa también en el grupo de trabajo que coordina la manifestación Salvemos el mundo rural agredido, asegura que el objetivo de esta protesta en lo que es este ámbito es “la defensa del derecho a la salud a toda la población rural y que todos los ciudadanos tengamos derecho a una sanidad pública decente”.

Comenta que el medio rural se está quedando sin profesionales, incluidos los especialistas en los hospitales comarcales, ya que los médicos prefieren los generales. A eso se suma una privatización de la sanidad, que lo que hace es “alejar la sanidad de los ciudadanos de las zonas rurales”. Advierte que una situación así entrañaría una “dependencia total” de las ciudades.

Si a eso se unen las agresiones que se perpetran contra el territorio, el panorama es desolador. Rosa Pardo, de la coordinadora Aliente, en la que están integrados 217 movimientos ciudadanos entre asociaciones, fundaciones y diversas organizaciones que hacen frente a la agresión que supone la implantación de macrorrenovables, asegura que desde que se creó esta alianza en 2019 se han organizado para hacer frente a esta nueva colonización de las zonas rurales.

Además de concienciar, Pardo comenta que denuncian malas prácticas de empresas y de administraciones, además de asesorar a los distintos colectivos sobre el procedimiento de tramitación de los proyectos, “porque la desinformación es enorme y la falta de transparencia de las administraciones mayor”.

Ayudan por ello a la presentación de recursos de alzada y a la redacción de alegaciones, además de “hacer denuncias en muchas ocasiones cuando los casos son más que sangrantes”. Se han dirigido también al Miteco y a las consejerías de las distintas comunidades autónomas, y han redactado informes proponiendo alternativas, además de haber impulsado tres jornadas científicas para clarificar con los especialistas cuál debe ser el modelo a desarrollar para frenar esta agresión.

Invasión del medio natural

Denuncian que los macroparques, como instalaciones industriales “de dimensiones descomunales, invaden el medio natural, los paisajes y las tierras fértiles agrarias”. afirma Pardo. Ahora que tanto preocupa la seguridad alimentaria, esta forma de proceder pone en riesgo la biodiversidad.

Pardo observa que falta mucha información, y que mucha gente en los pueblos cuando quiere darse cuenta, por las prácticas de estas empresas se dan cuentan de que han penetrado ya en sus territorios con las consecuencias medioambientales que ello conlleva, sobre todo con las solares. En estos casos “se extrae el suelo vegetal del suelo, con lo cual es muy dudoso que pueda volver a ser fértil a pesar de lo que aparece en los proyectos”.

Condenan la falta de planificación, por lo que piden una moratoria, ya que no solo se están ocupando terrenos rústicos sino agrarios y con figuras de protección ambiental. Niegan que sea una transición energética justa, sino un mero cambio de tecnología.

Alertan de los usos abusivos de estas empresas, a las que se permite atentar contra el territorio y sus capacidades de restauración de los paisajes son prácticamente nulas. Eso genera indefensión en los pueblos, con amenazas con las expropiaciones, lo que conlleva también después “una división social en los pueblos que va a ser muy difícil de cerrar”.
 

Además, este tipo de industria “daña el valor para otro tipo de desarrollo rural en términos de turismo ambiental y agricultura y ganadería sostenible”, comenta Pardo. A eso se añade que las viviendas se desvalorizan, no se generan otro tipo de actividades y en consecuencia, tras su construcción no atrae población sino más bien lo contrario, que la expulsa.

“Estamos ante un tema de dignidad del medio rural y de falta de respeto al mismo”, afirma la representante de Aliente, que condena que para resolver el problema energético se atenta contra el territorio, cuando la generación de energía que se está planteando no se corresponde con la demanda real.

Para este movimiento urge un cambio de modelo que no sea destructivo. Pardo asegura que las administraciones deben escuchar, a los ciudadanos y a los expertos, porque lo que se está planteando “no es sostenible”. De ahí que el 5 de octubre a través de la manifestación Salvemos el mundo rural agredido la sociedad tiene que tomar conciencia, porque también afecta a la gente de las ciudades. Se trata de “seguir plantando esta semilla de información contra la desinformación”, y que el día después todos los colectivos con los distintos problemas y agresiones que sufren los territorios, sigan trabajando juntos porque así se hará oír más su voz.

Para José Antonio Sahuquillo, de la Plataforma en defensa de la sanidad rural en La Mancha, la manifestación del 5 de octubre debe servir para que haya “más sensibilización ciudadana, que haya atención por parte de los poderes públicos y abrir un debate”.

Movilizar

Ese día no es el objetivo, sino el principio de lo que tiene que venir después, afirma Sahuquillo. “Al final esta manifestación es lo que va a unir a todos los sectores, y cada uno de ellos establecer comunicación con otras plataformas de toda España y poder coordinarse en los próximos años para movilizar a la ciudadanía”, argumenta el representante de estas plataformas por la sanidad en el medio rural.

En cuanto a la respuesta que tiene que haber por parte de las administraciones, Sahuquillo afirma que deben dejar de mirar hacia otro lado y comprometerse con lo que reclama la ciudadanía, ya que actualmente tienen otras prioridades.

En opinión de este miembro de la coordinadora que está impulsando la manifestación, el día después “tiene que haber alguna respuesta de los políticos, porque el 5 de octubre se va a escuchar mucho en todas partes, y al final quienes nos gobiernan tendrán que reaccionar y escuchar de una vez”.

Lamenta que aparte del problema de la asistencia sanitaria, todo lo que no quieren las ciudades se está enviando a los pueblos. “Les da igual, solo buscan la rentabilidad económica de los intereses privados”, afirma Sahuquillo, sin tener en cuenta que eso genera también un problema para la salud en pueblos que a su vez están siendo abandonados por la asistencia sanitaria.