Las plataformas de la manifestación del 5 de octubre en Madrid alientan la participación en las redes sociales

Las redes sociales están movilizando ya de forma silenciosa a cientos de colectivos para la manifestación del 5 de octubre en Madrid, que bajo el lema Salvemos el mundo rural agredido, reunirá a plataformas de todo el Estado para lanzar la voz juntas contra los proyectos que se están implantado en el medio rural para convertirlo en territorio de sacrificio. La instalación de estas industrias bajo el paraguas de la transición ecológica carece de ordenación previa y pone en peligro el desarrollo sostenible en los pueblos. El ambiente está muy caldeado y los convocantes aseguran que está habiendo una amplia respuesta a la iniciativa.

A los parques eólicos en parajes naturales de gran valor se suman proyectos que bajo el sello de la economía circular, como las plantas de biogás, las macrogranjas o las explotaciones mineras, son rechazados al considerarlos nocivos porque se aprovechan de estos territorios despoblados. El clamor es grande en el ámbito local con las protestas que está habiendo este verano y en Madrid pretenden mostrar la gran dimensión que ha adquirido esa agresión a lo rural para que tomen conciencia en las ciudades y haya una reacción en cadena.

“Queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, con dignidad y salud, y por eso pedimos responsabilidad, justicia ambiental y una política rural que piense en las personas, no en los beneficios de unos pocos”, afirman Susana Barrera y João Teixeira, de las plataformas Stop biogás de Machacón y de Castilla y León. Este fin de semana participaron en Milagros (Burgos) en una de las múltiples movilizaciones que está habiendo en el medio rural contra la proliferación de este tipo de instalaciones.

Otros colectivos como Abrazo al Agua movilizaron también a miles de personas en un centenar de acciones llevadas a cabo el sábado, y que trasciende ya el ámbito nacional para crear conciencia de la importancia que tiene el recurso del agua y su conservación, mientras que en Cardenete (Cuenca) se movilizaron contra las macrogranjas.

Fuera de sus ámbitos locales en los que tienen eco sus protestas, podría parecer que no pasa nada, sobre todo visto desde las ciudades, pero estas acciones evidencian que hay un movimiento al alza en todo el país que exige poner fin a esa agresión que se está cebando con el medio rural y encima con el argumento de que es para su bien y la lucha contra la despoblación.

Susana Barrera y João Teixeira recuerdan que el propio Miteco en su hoja de ruta sobre el biogás (el documento lo tiene colgado el Ministerio en su web) habla de recurrir a estas empresas para “combatir la despoblación rural y alcanzar los objetivos que plantea el reto demográfico”.

Nada más lejos de la realidad, afirman, porque en aquellos lugares donde operan este tipo de proyectos está sucediendo todo lo contrario: el valor de las casas ha bajado hasta un 30% a causa de las molestias y “la gente se ha visto obligada a marcharse por los malos olores y el trasiego que provocan estas fábricas”.

Contaminación

Son instalaciones, precisan, que a veces se ubican en los lugares “más bonitos y emblemáticos” de los pueblos y, aparte del impacto ambiental, conllevan una “contaminación visual” que causa “desasosiego social”. Afirman que “esto no es desarrollo rural ni solventa el reto demográfico, esto es echar a las personas de nuestras casas”.

En la provincia de Teruel, durante décadas se han reivindicado infraestructuras y proyectos de desarrollo para asentar la población y evitar el éxodo, con iniciativas en el sector turístico que han dado sus frutos. En cambio, la proliferación de macroproyectos de energías eólicas preocupan en el territorio por la incidencia que puede tener en el turismo y en el desarrollo de otras actividades autóctonas. A ello se suma el anuncio de nuevos proyectos de plantas de biogás o el de almacenamiento de CO2 impulsado por la empresa norteamericana Nexwell Power en el Maestrazgo.

Pepe Polo, de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, afirma que la implantación de este tipo de industrias destructivas para el medio rural se está acelerando al haber un vacío sobre el ordenamiento de estas actividades. Indicó que se está trabajando en el borrador del manifiesto y que desde cada colectivo se empezará a trabajar en cada provincia, como es el caso de Teruel.

“Se está detectando cada vez más un mayor agresión hacia el mundo rural, que lo vemos con el caso del almacén de CO2 que se quiere implantar en el Maestrazgo, con 13.536 hectáreas, que sería una de las más grandes de España y que afectaría a una zona ampliamente turística como es Villarluengo, Tronchón. Mirambel, Cantavieja o la Cañada de Benatanduz”, argumenta Polo, a lo que se añaden los proyectos de biogás “que se están pretendiendo instalar en todo Aragón y que nos afectaría también a la provincia” y los macroproyectos de granjas industriales o de centros de datos por el gran consumo de agua que tienen.

“La especulación con los fondos buitre sigue queriendo aprovechar los fondos europeos de Next Generation para hacer negocio a costa de lo que es el territorio”, indica el portavoz vecinal, que apunta que están trabajando con una asociación recientemente constituida en la provincia de afectados por la minería.

Polo señala que está contactando gente con ellos y que hay interés por saber si se pondrán autobuses para acudir a la manifestación, algo que empezará a organizarse en septiembre. El representante de la Federación Vecinal incide en lo activas que están algunas plataformas en el conjunto del país con movilizaciones como las que este fin de semana han llevado a cabo Abrazo al Agua o las plataformas del biogás y las macrogranjas.

Los representantes de Stop biogás en la coordinadora estatal para la manifestación del 5 de octubre, que están muy activas porque días antes, el 27 de septiembre, también han convocado una manifestación en la capital que servirá para “calentar motores”, aseguran que es importante esta unidad de acción que se está programando porque si bien son luchas distintas, al final el problema es el mismo, el uso del medio rural y de los espacios naturales por parte de “los fondos buitre que pueden venir a campar a sus anchas y saquear estas tierras, desplazar a la población y vaciar el territorio, tras la falsa etiqueta de economía verde y circular”.

Barrera y Teixeira manifiestan que dentro de este colectivo “todas las plataformas están dando su apoyo y trabajando mucho, así que esperamos máxima participación en ambas manifestaciones”. Los representantes de estas plataformas para frenar las macroplantas de biogás indican que son más de sesenta colectivos movilizados en todo el país con presencia en todas las comunidades autónomas.

Fue a finales de 2023, pero sobre todo el año pasado, cuando empezó a dispararse su creación al irse conociendo cada vez más nuevos proyectos en las zonas rurales “sin apenas información pública y con una clara falta de transparencia por parte de los ayuntamientos implicados”.

Agrupadas en torno a una coordinadora estatal, estos colectivos trabajan en la defensa de la salud y la calidad de vida de sus pueblos, así como la preservación de los recursos naturales. Su objetivo principal es informar a la ciudadanía y evitar la construcción de macroplantas de biogás cerca de los cascos urbanos y en terrenos de gran valor ecológico y ambiental. Para ellas es vital la defensa de los derechos de quienes viven en los territorios, así como la participación en la elaboración de normativas y leyes adecuadas.

Reivindican mayores posibilidades de presentar alegaciones ante el poco tiempo que se da, que se controlen las plantas en funcionamiento y evitar una economía basada en la producción de residuos dentro de una transición energética que debe ser “justa, ecológica y participativa, que no sacrifique nuestra salud, nuestras tierras, ni nuestra agua”.

Molestias insoportables

Barrera y Teixeira explican que estos residuos cruzan sus pueblos con un tránsito continuo de camiones, lo que entraña no solo peligros por seguridad vial sino vertidos accidentales y olores pestilentes que “hacen insoportable la vida en el pueblo”.

Lo que no sabe la gente tras ese discurso de economía circular que se busca transmitir con estos proyectos, es que la actividad de estas macroplantas liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno, “que es corrosivo y tóxico, o compuestos orgánicos volátiles, perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente”. Aseguran que algunos de ellos son “potencialmente cancerígenos”.

A ello se suman riesgos como que el metano que generan es “inflamable y puede producir explosiones”, y aclaran que el residuo que queda es “altamente peligroso” porque contiene prácticamente la misma cantidad de nitrógeno que los purines de partida, con lo cual se sigue tensionando la tierra con los nitratos.

Denuncian los peligros que entrañan las plantas por su desgaste y falta de mantenimiento, con riesgos de fugas, olores y el consumo de grandes cantidades de agua. Pero sobre todo condenan la “falta de transparencia de la administración” por el patrón común que prevalece de “oscurantismo y ocultismo”.

En lugar de favorecer el desarrollo de los territorios donde se implantan estas macroplantas, aseguran que sucede todo lo contrario, porque en la esfera económica tienen un “impacto negativo”, puesto que merman la salud de quienes viven en los pueblos afectados, deterioran su calidad de vida e impiden su normal desarrollo.

Barrera y Teixeira son contundentes al afirmar que la instalación masiva de plantas de biogás y biometano a partir de residuos orgánicos “viola nuestros derechos constitucionales a la participación ciudadana, a la protección de la salud, y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas”, con el riesgo de convertir la producción de esta fuente de energía en “un círculo vicioso en el que hay que generar más residuos para producir más energía”.

Afirman que con la manifestación en Madrid del 5 de octubre pretenden “visibilizar” un problema “del que no se quiere hablar”, y “abrir un debate público y democrático sobre el modelo energético y de desarrollo rural que queremos”.

Confían en que el 5 de octubre genere una mayor “sensibilidad ciudadana” y provoque “la solidaridad y empatía del medio urbano con y por el medio rural”, además de despertar el interés mediático y que las administraciones públicas frenen la tramitación de estos proyectos “hasta que exista una normativa adecuada consensuada con la población directamente afectada”.

Los representantes de estas plataformas para la manifestación en Madrid consideran que es vital “abrir un diálogo real y participativo sobre cómo debe ser el desarrollo rural y la transición ecológica”, a la vez que dejan claro que “la salud de las personas, el medio ambiente y el bien común está por encima del interés de cualquier empresa privada”

“Las zonas urbanas deberían escuchar y entender esta llamada de auxilio”

La acción no debe finalizar con la manifestación en Madrid a principios de otoño, sino que debe servir para avanzar en la paralización de los proyectos perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente. Susana Barrera y João Teixeira, de Stop biogás de Machacón y de Castilla y León, insisten en que hay que presionar a las administraciones públicas para que haya transparencia, publiquen toda la información de los proyectos y legislen “convenientemente” dando participación ciudadana.

Creen necesario también que en las ciudades no miren para otro lado. “Las zonas urbanas deberían escuchar y entender esta llamada de auxilio”, afirman, porque no es el desarrollo que quieren para el medio rural, puesto que no necesitan “las miserias de la peor industria para poder sobrevivir”. Por el contrario, recalcan que son “tierra de oportunidades” y quieren decidir su futuro “digno y saludable”.

Advierten que estos proyectos se están prodigando como “setas” por parte de multinacionales y “fondos buitre” al amparo de las “suculentas subvenciones europeas”. Afirman que antes hay que ordenar el sector y planificar el territorio.