El Congreso alerta que la falta de infraestructuras de transporte limita mucho el desarrollo territorial

La comunidad académica lo ha dicho por activa y por pasiva, que sin infraestructuras de transporte no hay desarrollo y que no construirlas en las zonas donde hacen falta por estar despobladas genera más desequilibrios territoriales, a pesar de lo cual el Estado ha permitido que haya dos Españas a dos velocidades al limitar su construcción en estos territorios. Ahora es el Congreso de los Diputados el que lo afirma a través de un informe científico que advierte que la ausencia de estas infraestructuras “puede limitar significativamente el desarrollo territorial”, y urge en consecuencia a corregir esta situación. No son los parlamentarios los que lo dicen directamente sino un documento de asesoramiento de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, que es el órgano consultivo que pretende mantener en contacto a los diputados con la realidad; tarea que a la vista de los resultados con provincias como Teruel parece harto complicada.

El informe lo acaba de hacer público esta entidad denominada Oficina C, cuya finalidad es ofrecer evidencia científica a los parlamentarios, las personas elegidas por la sociedad para representar sus intereses con una buena gestión pública, sobre aquellos temas de interés social y facilitar el diálogo entre la comunidad científica y los representantes políticos.

El documento analiza diferentes aspectos, entre ellos las comunicaciones, sobre las que considera que sin buenas infraestructuras de transporte no puede haber desarrollo porque se acrecienta la brecha con otros territorios, puesto que son determinantes para la competitividad.

En el informe se vuelve a recordar la Ley 45/2007 para el Desarrollo Rural Sostenible del Medio Rural y la oportunidad perdida que fue al no implementarla debidamente y dejarla caer en el olvido. En sus conclusiones, los expertos consideran que es “inaplazable desarrollar una auténtica política de desarrollo rural que recoja su diversidad”.

El informe se titula Desarrollo territorial: oportunidades y desafíos en los ámbitos rurales. Es el primero que se elabora sobre esta materia por parte de la Oficina C del Congreso y ha pasado completamente inadvertido al no haberle dado publicidad, al igual que sucedió con el que hizo hace dos años el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia, titulado Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos.

Limitación significativa

“Las infraestructuras de transporte son fundamentales para el desarrollo territorial, ya que su ausencia o baja calidad puede limitarlo significativamente”, señala el documento, cuya elaboración ha liderado Sofía Otero, técnica de evidencia científica y tecnológica. En su elaboración han participado más de una veintena de expertos académicos de diferentes universidades y centros de investigación.

Coordinado por Ana Elorza, coordinadora de la Oficina C en la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, y Pedro Peña, letrado de las Cortes Generales y director de Estudios, Análisis y Publicaciones, entre el personal científico que ha sido consultado están los profesores de la Universidad de Zaragoza Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez Pérez, ambos referentes en materia de despoblación y desarrollo territorial a través de la Cátedra DPZ de Despoblación y Creatividad de la Unizar y el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.

El trabajo aborda la brecha rural desde sus diferentes perspectivas, que van desde las infraestructuras a los servicios públicos, a la vez que explora las distintas herramientas que se demandan para la revitalización y el arraigo de la población en estos territorios, desde la vivienda rural a los incentivos fiscales y los instrumentos financieros. También lanza una serie de ideas o conclusiones en torno a las políticas de desarrollo rural en lo que a la gobernanza se refiere, y las políticas a implementar dentro del sector agrario y el sector forestal, que se consideran fundamentales para combatir el riesgo de incendios forestales.

El capítulo dedicado a las infraestructuras de transporte es de especial relevancia a la vista del parón que están sufriendo los proyectos que como en el caso de la provincia de Teruel se comprometieron hace dos décadas y no se han hecho, a pesar de estar incluidos en los diferentes planes de infraestructuras del Estado elaborados en todo este tiempo.

Quejas y comparecencias

Esta misma semana el diputado autonómico de Teruel Existe, Tomás Guitarte, denunció en una rueda de prensa que el Ministerio de Transportes tiene paralizadas todas las infraestructuras en la provincia, pese a que se encarrilaron durante la pasada legislatura cuando la agrupación de electores -hoy partido político- tuvo representación parlamentaria en las Cortes Generales y se firmó un acuerdo de investidura.

Por otra parte, en el pleno de las Cortes de Aragón que se celebrará hoy y mañana, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Ejecutivo aragonés, Octavio López, comparecerá a petición propia para informar sobre la gestión de las infraestructuras estatales en la Comunidad Autónoma. El consejero se ha quejado en los últimos meses del ritmo lento que lleva el Estado, así como de los retrasos en las reuniones bilaterales comprometidas el año pasado, que tenían que celebrarse cada seis y de las que no se ha vuelto a saber nada en este ejercicio.

El informe del Congreso de los Diputados incide en la importancia de esas infraestructuras así como en la movilidad. En el caso de las carreteras y el ferrocarril señala que son fundamentales para el desarrollo y que sin ellas no puede haberlo porque lo limita considerablemente al restarle competitividad con otras partes del país.

El documento asegura que los beneficios más visibles se manifiestan a largo plazo, no de forma inmediata, pero que en definitiva “son determinantes para fomentar las inversiones y la creación de empleo y riqueza, además de mejorar la competitividad territorial”. De haberse hecho las infraestructuras comprometidas hace dos décadas en Teruel, la situación actual no sería la que es, donde por más que esté creciendo la provincia, lo hace muy por debajo del país, con lo cual sigue acrecentándose la brecha existente.

Los expertos aseguran que las infraestructuras “son clave para disminuir el aislamiento de algunos enclaves e integrarlos”. Señalan el importante empujón que su desarrollo ha tenido en el conjunto del país al contar en la actualidad con 18.000 kilómetros de autovías y 4.000 de vías de alta velocidad.

Trazado radial

Pero ese crecimiento ha sido totalmente desigual porque “se ha priorizado la interconexión entre ciudades y elementos estratégicos con un trazado radial”. Denuncian a este respecto que en la red viaria “todavía hay zonas rurales e incluso ciudades intermedias, especialmente los núcleos pequeños o montañosos, que no se benefician de estas mejoras, al quedar alejadas o mal conectadas a estas vías rápidas o al estar las carreteras en peor estado”.

Argumentan en el trabajo que la mejora de la red viaria “podría disminuir el tiempo de acceso a los servicios rurales para quienes disponen de vehículo propio o facilitar el turismo”. Y en cuanto a su capacidad para fijar población, consideran que ante la mejora de las carreteras también se observa un “efecto de vaciamiento hacia núcleos próximos más grandes en lugar de la atracción a municipios pequeños”, si bien en otro apartado del informe inciden en cómo las zonas rurales tienen un mayor atractivo para vivir siempre y cuando dispongan de conectividad, buenos accesos y servicios.

En cuanto al transporte ferroviario, los académicos que han elaborado el informe señalan que “la situación actual impide que el medio rural capte más viajeros hacia el modo ferroviario”, algo que también “limita su competitividad y viabilidad económica y contribuye al progresivo desmantelamiento de servicios”. Es un pez que acaba mordiéndose de esta manera la cola puesto que una cosa lleva a la otra.

Los expertos consideran necesario que se incorporen nuevas líneas ferroviarias intrarregionales e interregionales, así como “añadir paradas y apeaderos en las rutas actuales”, además de “aumentar los servicios de media distancia”. Aseguran que este tipo de acciones “podrían mejorar la movilidad en los espacios rurales”.

El informe es crítico con la política en materia ferroviaria desarrollada en las últimas décadas, que ha primado la conectividad rápida entre las grandes urbes en detrimento del territorio, con las consecuencias que eso ha tenido.

Recuerdan que no es un problema nuevo sino que se remonta a los años 60 del pasado siglo, cuando comenzaron a cerrarse líneas que prestaban servicio a los ámbitos rurales. Solo en 1985 se clausuraron más de 1.000 kilómetros, una década en la que se desclasificaron muchos ejes ferroviarios como el de Teruel, que a finales de siglo estuvo a punto de cerrar por el continuo descarrilamiento de trenes debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura.

Señala el informe sobre desarrollo territorial que la red de alta velocidad no ha paliado esa situación, pero tampoco ha pasado de largo porque ha partido el territorio a su paso.

“Así, aunque las zonas rurales son el escenario donde se trazan estas vías, con los impactos que conlleva en el paisaje y el uso del suelo, los habitantes rurales no se benefician directamente de estas mejoras”, concluye el documento en este apartado.

Desequilibrios

El informe Desarrollo territorial: oportunidades y desafíos en los ámbitos rurales constata que la movilidad en las zonas rurales es más cara para sus habitantes que en las zonas urbanas, puesto que el transporte público es escaso y no adaptado a la necesidad individual al haber muy poca oferta.

Esta es una de las cuestiones que analiza el informe junto a las limitaciones de las infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril. El trabajo indica que para costear la hipermovilidad de las zonas rurales, “los habitantes de las localidades más pequeñas emplean un 20% de su renta disponible, lo que supone un 38,6% más que los habitantes urbanos”.

Los expertos sugieren que para atraer población hacia estos territorios, y que la movilidad no fuese un problema, sería ideal disponer de un transporte compartido adaptado al contexto rural con taxis compartidos, vehículos municipales, minibuses y abrir al público las plazas sobrantes en las rutas de transporte escolar. Pero también consideran que son precisas políticas que “reconozcan como un bien público el disponer de un vehículo en el medio rural”.