El informe del consorcio de seguros apunta a la calidad del hormigón de los pilares del edificio de la calle San Francisco

Los propietarios del solar de la calle San Francisco 21 recibieron este martes los informes realizados por Mapfre para el Ayuntamiento de Teruel y por el consorcio de seguros, que también han sido remitidos al juzgado. El primero ya se hizo público el pasado 19 de septiembre cuando se vencía el plazo dado por el instructor del expediente para recibir estos documentos de las partes. En ese informe se hacía referencia al episodio de lluvias registradas durante los meses de mayo y junio de 2023 y -como causa coadyuvante- la baja resistencia del hormigón de los pilares del edificio y en el hecho público este martes se concluye que se debió a una muy mala calidad del hormigón de los pilares.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se refirió este martes a estos documentos en rueda de prensa tras la junta de gobierno y a preguntas de la prensa, donde dijo que el Ayuntamiento había trasladado los informes al juzgado y a los afectados, porque el caso está judicializado. Por ese mismo motivo no quiso hacer ninguna valoración sobre las conclusiones de los informes periciales.

La alcaldesa leyó las conclusiones del informe del consorcio de seguros en el que se dice que el hundimiento del edificio “se debió a una muy mala calidad del hormigón de los pilares” que justifica, además, que el hundimiento se haya producido transcurridos 49 años desde la construcción del inmueble como consecuencia del cansancio del hormigón, “aunque de la investigación realizada no se puede descartar que haya podido colaborar como desencadenante movimientos diferenciales de la cimentación entre pilares adyacentes o entre los pilares interiores y el muro de San Francisco”.

El informe apunta que se trataría, en todo caso, de causas colaborantes, que en ausencia de un defecto en el hormigón como el descrito, no tendría trascendencia alguna. “Se descarta, en todo caso, la influencia tanto como causa posible desencadenante de las lluvias registradas en la zona los días previos al siniestro y propio día en que ocurrió este”, indica el informe del consorcio.

Aquí difiere de las conclusiones del informe de la aseguradora del Ayuntamiento donde se apuntaba que “la principal causa del siniestro se debió a las precipitaciones registradas durante los meses de mayo y junio de 2023 y, como causa coadyuvante, la baja resistencia del hormigón de la estructura del edificio”, por lo que concluía que el Ayuntamiento de Teruel no es responsable del siniestro.

Informes de parte

El portavoz de los propietarios, Javier Carbó, apuntó este martes que se trata de informes de parte a la espera de estudiar todas la información recibida este martes. Recordó que faltaría un tercer informe de Mapfre, que es también la aseguradora de Aguas de Teruel pero que encargó otro informe pericial para este asegurado.

El informe de los propietarios entregado a finales del mes de febrero apuntaban a una entrada de agua extraordinaria como posible causa del hundimiento edificio Amantes, como se denominaba el inmueble, el 13 de junio de 2023.

El abogado de los afectados, José Manuel Aspas, confirmó que se habían recibido este martes los dos informes periciales y que faltaría el realizado para Aguas de Valencia SA, grupo del que depende Aguas de Teruel, concesionaria del sistema de abastecimiento de agua de boca y de saneamiento del municipio. Se trata de informes extensos y con anexos que ahora tienen que analizar, pero sobre las conclusiones de los dos informes recibidos apuntó que son “contradictorias” al tratarse de informes de parte porque, mientras el de Mapfre exonera de responsabilidad al municipio y lo achaca a la lluvia extraordinaria y la baja resistencia del hormigón, el de Intamac para el Consorcio de Seguros se refiere a la “muy mala” calidad del hormigón de los pilares y descarta la influencia de las lluvias como causa o como desencadenante del colapso, lo que liberaría al consorcio de pagar al descartar las intensas lluvias como causante del colapso del edificio de 21 viviendas y cinco plantas.

El pasado mes de junio los propietarios llevaron al juzgado de lo contencioso administrativo la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial. Ahora será un juez el que decida cuáles son las causas del derrumbe y a quien o quienes le corresponde asumirlas tras escuchar a las diferentes partes. Aspas explicó que los propietarios presentarán nuevas pruebas periciales y que ellos seguirán defendiendo su postura. “Nuestros informes que presentamos en plazo por la vía administrativa, el 27 de febrero, lo achacan al agua como agente causante del derribo”, recordó.

Aguas que son de diferentes procedencias, como pluviales no recogidas, la escorrentía de la ladera de los conventos, en una zona donde no hay red de pluviales y el agua corre libremente, y el agua de boca que reventó por dos veces el hidrante del sistema de bomberos en el callejón del Gato. “Vamos a defender que llegó al punto donde estaba la cimentación del edificio y lavó el terreno”, explicó y apuntó que también habría que sumar el mal estado de la red de saneamiento, que data de los años 90 del pasado siglo cuando el Ministerio hizo el saneamiento nuevo antes de ceder al Ayuntamiento la antigua travesía que pasaba por la calle San Francisco y por el Óvalo y “desde entonces no se ha hecho nada más que alguna reparación puntual”, subrayó.

Aspas recordó que los propietarios pudieron pasar cámaras por esta red de saneamiento y comprobaron que hay derrumbes y grava y desde esta red también se pudo hacer aportes de agua.

El abogado incidió en que todo el sistema de aguas es responsabilidad municipal y si existe un mal funcionamiento de un servicio público “eso es la definición de la responsabilidad patrimonial”.

“Igualdad de armas”

El abogado de los propietarios del Edificio Amantes, José Manuel Aspas, pidió este martes “igualdad de armas” después de que los plazos dados para que las diferentes partes presentaran sus informes periciales al Ayuntamiento donde en su día se abrió un expediente por responsabilidad municipal no han sido los mismos que los que tuvieron los propietarios y negó que el expediente esté paralizado porque han entrado los informes periciales, el último el 2 de octubre, fuera del plazo establecido ya que finalizaba el 19 de septiembre. “No se puede hablar de paralización del expediente”, insistió, porque el asunto esté en el juzgado. Ahora los informes periciales les llegan tanto por el Ayuntamiento, como parte interesada, como por el juzgado, ya que el Ayuntamiento los envía también al juez.

Por su parte la alcaldesa Emma Buj afirmó este martes que la paralización del expediente municipal es una recomendación jurídica, porque los propietarios tenían que haber esperado a que el Ayuntamiento resolviera el expediente antes de presentar un recurso, y “si no estaban de acuerdo con la resolución, ir al juzgado, pero lo que decidieron es dar por resuelto por silencio administrativo y por tanto llevar al juzgado este expediente”.

“Lo que han recomendado los servicios jurídicos de Ayuntamiento es que no haya una resolución expresa desde el momento que está ya en el juzgado”, aseveró. A pesar de todo ello, el Ayuntamiento sigue haciéndose cargo de los alquileres de las viviendas de los propietarios y de la diferencia de los precios de los inquilinos que perdieron su vivienda en 2023.