La DPT insta a facilitar la renovación de plantaciones truferas y elude pedir el cambio de la Ley de Montes

El pleno de la Diputación de Teruel instó este miércoles al Gobierno de Aragón a que se facilite la renovación de las plantaciones truferas, mediante el arranque de las que han dejado de tener productividad para su renovación, a través de un marco específico que lo regule. La iniciativa salió adelante con la unanimidad de los cuatro grupos políticos con representación en la institución, si bien se rechazó una enmienda del PSOE que pretendía ir a más al plantear una modificación de la Ley de Montes de Aragón para “blindar” este cultivo.

Esta moción presentada por el PAR fue la única que salió adelante por unanimidad junto con otra que defendió Teruel Existe para apoyar el Centro de Competencias Digitales de Renfe, en el pleno ordinario del mes de octubre de la institución provincial, en el que se aprobaron varios asuntos de trámite y el grueso del debate se centró en las siete mociones presentadas por los distintos grupos.

El pleno se abrió con un recuerdo a las víctimas de la dana al cumplirse un año de la tragedia, y la bienvenida al nuevo secretario de la DPT, José Luis López García, antes de votar por unanimidad de todos los grupos los asuntos de trámite que había en el orden del día y que incluyeron la aprobación de modificaciones presupuestarias para ampliar en 37.000 euros las ayudas a la natalidad, así como una inversión de 30.000 euros en Alcañiz para adaptar un espacio para la realización de los exámenes para sacarse el carné de conducir.

De las mociones presentadas, salieron adelante con la unanimidad de todos los grupos la del PAR, que pedía el establecimiento de un marco jurídico para facilitar el arranque de las plantaciones truferas que han perdido productividad y su renovación, y la de Teruel Existe para apoyar el Centro de Competencias Digitales de Renfe ante la problemática que ha surgido en el mismo y el riesgo de que pueda suponer el cierre, según han advertido los trabajadores, si bien el grupo provincial del PSOE garantizó que eso no va a pasar porque se está trabajando ya en una solución.

También salió adelante con mayoría simple y el voto en contra del PSOE una moción del PP de rechazo al incremento de las cuotas a los trabajadores autónomos, y en la que se pedía además la aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas en su máxima intensidad del 20%.

El PSOE se desmarcó igualmente de otra moción del PP para exigir al Gobierno de España la financiación inmediata e íntegra de la prestación económica para la atención personalizada de 24 horas (Grado III+) a los enfermos de ELA. El texto fue aprobado con los votos del PP, Teruel Existe y PAR después de que el PSOE presentara una enmienda de sustitución en la que se instaba tanto a la administración estatal como a la autonómica a implicarse para el reconocimiento y tramitación preferente del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, y que no fue aceptada por el grupo proponente de la moción.

Por otra parte fueron rechazadas tres mociones en materia de vivienda, una de Teruel Existe y dos del PSOE. Ambos grupos se quedaron solos a la hora de votar sus iniciativas, que suscitaron un amplio debate sobre las políticas de vivienda en el mundo rural para asentar población, y que el presidente, el popular Joaquín Juste, pidió que se debatieran juntas y se votaran por separado, pero se rechazó. Primero se debatió la de Teruel Existe y al final del pleno las del PSOE, en este caso sí de forma conjunta al estar propuestas por el mismo grupo político.

El pleno reflejó por enésima vez las tiranteces existentes entre Teruel Existe y el PSOE, así como del PAR con el partido surgido del movimiento ciudadano a pesar de que ambos integran el equipo de gobierno de la Diputación de Teruel con el PP.

Amplio debate

Uno de los asuntos que suscitó un mayor debate, a pesar de estar todos de acuerdo y salir aprobada la iniciativa presentada por el PAR por unanimidad, fue el de las plantaciones truferas y el problema que ha surgido para su arranque y poder renovarlas.

Esta cuestión ya la llevaron los aragonesistas a comisión en las Cortes de Aragón y fue aprobada por unanimidad también con la aceptación de enmiendas. En el pleno de la corporación provincial sí se aceptó una enmienda del PP, pero no así la de los socialistas, que pretendía “blindar” más a este sector instando a la modificación de la Ley de Montes de Aragón. Pese a no ser aceptada, el PSOE apoyó el acuerdo adoptado en los mismos términos que salió adelante en el Parlamento autonómico.

La diputada del PAR, Marta Sancho, fue la encargada de defenderla e incidió en que la truficultura se ha convertido en la provincia en “la mejor herramienta de los últimos años pra luchar contra la despoblación”. Puso como ejemplo el municipio de Sarrión y el hecho de que haya supuesto incrementar entre un treinta y un cuarenta por ciento el número de escolares en el colegio.

El problema, como ya se vio en las Cortes de Aragón, es que no hay un marco normativo claro que facilite el arranque de estas plantaciones en el monte, cuando los productores necesitan proceder a la renovación de las mismas.

El diputado del PP, Miguel Ángel Navarro, explicó que se está trabajando en ese marco normativo porque son tierras de reforestación, mientras que Beatriz Redón, de Teruel Existe, defendió la importancia de este cultivo como un “verdadero motor de desarrollo rural” y recordó las iniciativas impulsadas por esta formación cuando era agrupación de electores en las Cortes Generales, para incluir en los Presupuestos del Estado fondos destinados a este cultivo.

El PSOE planteó ir más allá con una enmienda que defendió la diputada Yolanda Salvador, para “blindar” un producto que aseguró que era arriesgado y por el que la provincia de Teruel apostó hace años. La propuesta de los socialistas era incorporar a la moción del PAR otro punto para instar al Ejecutivo aragonés al establecimiento de un “marco jurídico específico para la truficultura como aprovechamiento agroforestal de interés estratégico”.

Salvador apuntó que en la Ley de Montes no aparecía la truficultura y era necesario un cambio jurífico en la norma para “blindar” este sector, como en la rueda de prensa previa al pleno también defendió el portavoz del grupo socialista, Pedro Polo. Ambos argumentaron que de esa manera se agilizaría el arranque de las plantaciones que ya no son productivas y las tramitaciones para su renovación.

El PAR no aceptó la enmienda con el argumento de que eso daría para otra moción y mantuvo la propuesta inicial de su grupo enmendada por el PP y que insta al establecimiento de un marco normativo que autorice y regule el arranque de estas plantaciones facilitando su sustitución; el impulso de líneas de ayuda económica y asesoramiento técnico; la colaboración con centros de investigación y universidades; y el reconocimiento como sector estratégico para el desarrollo rural de la truficultura.

La moción salió aprobada en cualquier caso por unanimidad, al igual que pasó con la presentada por Teruel Existe para apoyar el Centro de Competencias Digitales de Renfe. Aunque hubo acuerdo por parte de todos los grupos, tanto el PSOE como el PAR minimizaron la trascendencia de lo que ha ocurrido al asegurar que el problema está en vías de solución y que el mismo se debe a que no hay Presupuestos Generales del Estado aprobados desde 2023. Dijeron que eso impide a la empresa que gestiona este centro, Logirail, a poder pagar los complementos que perciben los informáticos senior que fueron captados para atraer talento.

Tanto Rafael Guía (PSOE) como Rafael Samper (PAR) dijeron que habían tenido reuniones y que era un problema de tipo administrativo sin que peligre por eso el centro. Samper indicó que lo había hablado con el subdelegado y que el Gobierno estaba buscando la fórmula administrativa para pagar ese complemento que Logirail ha anunciado que dejará de abonar en enero del próximo año, tal como le ha indicado el Ministerio de Hacienda, y afeó a Teruel Existe por acudir enseguida a “la pancarta” por la presentación de la moción.

No obstante, a la vez que se debatía este asunto en el pleno de la Diputación, se celebraba en Madrid el acto de conciliación de conflicto colectivo planteado por la UGT contra Logirail sin que se alcanzase un acuerdo, según informaron los trabajadores, que mantienen por ello la vía judicial y que se verá a principios de diciembre en la Audiencia Nacional, ya que el problema afecta a varios centros de competencias digitales de Renfe repartidos por toda la España despoblada.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel, Beatriz Martín, fue la encargada de defender esta moción de Teruel Existe y recordó que este centro es el “mejor ejemplo de descentralización” que ha habido con un “efecto positivo” muy claro en Teruel al haber traído empleo público y talento a Teruel, además de retener a jóvenes que han estudiado en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.

Incertidumbre

Martín dijo que había “incertidumbre” entre los trabajadores y defendió lo oportuno de la moción porque la prioridad debía ser la defensa de Teruel y la provincia, mientras que el socialista Rafael Guía insistió en que es un problema que afecta a otras provincias y se está tratando de “agilizar al máximo su solución”. Por el PP, Miguel Ángel Navarro respaldó la iniciativa para apoyar el centro.

En la resolución aprobada en el pleno con el respaldo de todos los grupos se muestra el apoyo a los trabajadores y se reconoce el valor estratégico de estas instalaciones para la lucha contra la despoblación, se insta a Logirail y Renfe a que reconsideren la supresión del complemento ad personam y se busque con Hacienda una solución; a la vez que expresa la voluntad de la institución provincial a colaborar en ello en la medida de sus posibilidades para evitar el debilitamiento o cierre del centro.

La moción del PP sobre el apoyo a los autónomos y la reivindicación de la aplicación de las ayudas al funcionamiento hasta el 20% suscitó igualmente un amplio debate, que se saldó con el apoyo de los grupos que conforman el equipo de gobierno y el voto en contra del PSOE.

Yolanda Sevilla (PP) calificó de “nuevo ataque” y “sablazo fiscal” a los autónomos el anunció del Gobierno central de incrementar las cotizaciones a este colectivo, que recordó que en la provincia son 8.000 personas que “mantienen nuestros pueblos”, a la vez que reclamó la aplicación hasta el 20% de las ayudas al funcionamiento. Beatriz Martín (Teruel Existe) abogó por reivindicar esas ayudas y acudir todos a la concentración del día 10 de noviembre en la plaza San Juan, a la par que defendió a los autónomos como hizo la portavoz del PAR, Marta Sancho, que incidió en la “vulnerabilidad” de este colectivo en el medio rural.

Por el PSOE, Rafael Guía, aclaró que respecto a las cotizaciones de los autónomas hay abierta una negociación y que la intención es que la cotización sea por ingresos reales y para mejorar las prestaciones, mientras que con las ayudas al funcionamiento insistió en que fueron los socialistas quienes las pusieron en marcha. Añadió que estaban “orgullosos” y que están por la labor de implementarlas pero hace falta también que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La moción del PP salió adelante con el voto en contra del PSOE.

Mayoría simple

La corporación provincial aprobó este miércoles en el pleno de octubre instar al Gobierno de España que garantice la financiación inmediata e íntegra de la prestación económica para la atención personalizada de 24 horas (Grado III+) a los enfermos de ELA. Así se propuso en una moción del PP respaldada por Teruel Existe y el PAR. La diputada del PP, Yolanda Sevilla, calificó de “escándalo moral y político” que no se aplique la ley y en la moción se instó a agilizar y asegurar las ayudas.

El PSOE planteó una enmienda de sustitución para seguir avanzando en la aplicación de la ley y la financiación compartida, y Pedro Polo dijo que “siempre estarán del lado de los derechos sociales”. Al no ser aceptada votaron no a la iniciativa del PP.

Servicio

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, manifestó este miércoles que la incorporación de 52 nuevos bomberos en los próximos días va a dar estabilidad a este servicio. Lo dijo en respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa previa a la celebración del pleno, sobre la polémica y las recientes críticas del PSOE sobre el hecho de haber recurrido ante el Supremo el proceso de nombramiento del jefe de bomberos.

Juste dijo que hubo una sentencia en primera instancia que dio la razón a la DPT y después otra en contra del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por lo que se ha acudido al Supremo para que determine “qué es lo que tenemos que hacer”.

Aseguró que con la incorporación de 52 bomberos en los próximos días tras las pruebas selectivas realizadas va a haber una “estabilización muy potente de la plantilla”.

Recordó que el objetivo en 2027 es tener el consorcio aragonés de bomberos y dijo que se trabaja para que el nuevo parque del Maestrazgo pueda estar en marcha o empezado para esas fechas para que el consorcio, cuando se cree, asuma el que sería el quinto parque de la provincia.

Políticas de vivienda

Durante el pleno de la Diputación de Teruel de este miércoles se suscitó de nuevo el debate sobre la importancia de la vivienda para asentar habitantes en el medio rural y luchar contra la despoblación, algo en lo que coinciden todas las formaciones políticas, si bien se vieron las discrepancias existentes sobre las formas de hacerlo.

Teruel Existe presentó una iniciativa en ese sentido para recuperar edificios, priorizar la vivienda pública de alquiler, favorecer las promociones adaptadas a la tipología que puede ofrecer el medio rural, crear agencias públicas comarcales para incentivar el mercado de alquiler, e impulsar la creación de al menos cuatro viviendas públicas en cada núcleo de población. La formación se quedó sola en la defensa y votación de su propuesta.

Lo mismo pasó con las dos iniciativas que llevó el PSOE al pleno, una de ellas para añadir a la línea de compra de vivienda por los municipios para ofrecerla en alquiler, establecer otra de rehabilitación para garantizar alojamientos dignos y estables. La otra propuesta defendida por los socialistas fue crear el programa Enraíza en Teruel, para conceder ayudas a la adquisición, con una cuantía de ayuda de 15.000 euros por vivienda y un límite máximo del 20% del precio de adquisición. La propuesta, muy detallada, planteaba una dotación inicial de un millón de euros. Ambas fueron rechazadas y solo las votaron a favor los socialistas.

Entre los argumentos para rechazar las tres mociones se incidió en el caso de Teruel Existe en que no estaba suficientemente desarrollada, además de tildarla de “poco realista” y discrepar on la propuesta de que las comarcas creen agencias que incentiven.

En el caso de las propuestas del PSOE, se rechazó que la DPT tuviese que asumir competencias de otras administraciones para financiar vivienda privada, además de explicar el presidente, el popular Joaquín Juste, que la vía de la rehabilitación se iba a iniciar próximamente a raíz del convenio entre las diputaciones provinciales y la DGA para luchar contra la despoblación.